Desde enero de 2026, una gran cantidad de empresas, autónomos y pymes estarán obligados a facturar de forma digital con el sistema Verifactu, lo que obliga al 99,9% del tejido empresarial español, formado por pymes, micropymes y autónomos, a contratar un software que cuesta a partir de los 10 euros mensuales. Con ello, las facturas se emiten de forma rápida, en unos segundos.
Una de las compañías que ofrecen este servicio, Cegid, destaca que, con ello, se consigue un seguimiento antifraude por parte de Hacienda y una trazabilidad para pequeños proveedores de varias subcontratas que les puede ofrecer garantía jurídica en casos de pleitos con los contratistas. Fermín Lozano, de Cegid España, explica a este diario cómo un autónomo puede facturar en unos pocos segundos. Al finalizar su trabajo, esa factura llega de forma digital y con garantía antifraude a Hacienda, a clientes, a proveedores y a los asesores fiscales del que la emite.
Las pymes generan más de dos tercios del empleo privado
Y es que las cifras hablan solas: el 99,8 % de las empresas en España son pymes, y generan más de dos tercios del empleo privado. Esto se traduce directamente en que son el corazón del tejido productivo, pero también el eslabón más frágil ante los cambios del entorno.
En este 2025, estas empresas se enfrentan a uno de los retos más importantes por el hecho de la digitalización del sistema de facturación con la implantación de Verifactu. El sistema de control de facturación será obligatorio en 2026, y la nueva factura tiene trazabilidad fiscal y garantías ante cualquier trámite judicial. Sin embargo, no es solo eso, sino que hablamos de gestión eficiente y adaptación normativa ante medidas como la reducción de la jornada laboral o el fichaje digital obligatorio.
El sistema de control de facturación será obligatorio en 2026, y la nueva factura tiene trazabilidad fiscal y garantías ante cualquier trámite judicial
Tal y como señala la Agencia Tributaria, el nuevo reglamento, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, desarrolla parcialmente el artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), introducido por la «ley antifraude» (Ley 11/2021, de 9 de julio), en lo que se refiere a sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación (denominados abreviadamente sistemas informáticos de facturación o SIF) de quienes desarrollen actividades económicas, es decir, de empresarios y profesionales.
«Tras estudiar numerosos sistemas ya implantados y sus respectivos tipos de requisitos, se ha optado por un enfoque en línea con las recomendaciones más recientes al respecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)», dicen desde la Administración. «Además, se ha intentado no condicionar la forma de implementarlos, lo cual permite mayor libertad y flexibilidad a la hora de llevarlos a la práctica, favoreciendo la competencia de soluciones, bien sean basadas en software, en hardware o mixtas. Así, se reducen costes y se permite elegir el SIF que mejor se adapte a las circunstancias y necesidades de cada empresario o profesional, facilitando, en definitiva, su adopción».
Hacienda destaca que, por un lado, la implementación de Verifactu incidirá directamente en una reducción del fraude cometido, lo que «traerá consigo una mayor justicia fiscal que redundará en el bien de toda la ciudadanía». Por otro, impedirá o reducirá significativamente la competencia desleal «de la que se aprovechan quienes defraudan frente a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias».
La implementación de Verifactu incidirá directamente en una reducción del fraude cometido
De manera adicional, se facilitan y fomentan las relaciones entre los propios empresarios y profesionales, y de estos con sus representantes fiscales, al «utilizar unos formatos de información de facturación comunes, favoreciendo su intercambio y reduciendo costes», cuestiones que tienen «un impacto beneficioso en la actividad comercial».
Por último, se concreta y simplifica la comunicación de información a Hacienda, facilitándose el cumplimiento tributario, y se pretende ofrecer a quienes reciban facturas (incluyendo facturas simplificadas) una forma fácil e inmediata de remitir ciertos datos de las mismas a la Agencia Tributaria, para su posible comprobación. ¿Los objetivos de los resultados? Desarrollar la cultura del cumplimiento tributaria, la conciencia fiscal y la transparencia en los negocios.
Pese a todo, aún queda trabajo por hacer para que estas empresas adopten las herramientas digitales, ya que solo un 8% de micropymes y autónomos utiliza servicios en la nube, frente al 48% de medianas empresas. Y es que, a pesar de los atajos y la información, las barreras siguen siendo el precio y el miedo al cambio.
