Aunque España registra cifras históricamente bajas de desempleo, según los datos de los organismos oficiales, (aunque los expertos plantean escenarios realmente diferentes) el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está al borde del colapso. La dificultad para conseguir una cita previa ha dado lugar a un mercado negro que se aprovecha de la desesperación de quienes necesitan realizar trámites urgentes.
Conseguir una cita en el SEPE puede suponer una espera de hasta tres meses, dependiendo de la zona. En respuesta a esta saturación, han proliferado los «conseguidores» que, a través de publicaciones en webs como Mil Anuncios, ofrecen gestionar una cita por entre 40 y 90 euros. Estas personas aseguran que pueden obtener una cita «en cualquier parte de España» en uno o dos días. El pago se realiza una vez conseguida la cita.
El fenómeno no es nuevo ni exclusivo del SEPE. Ya existía en el ámbito de extranjería, especialmente en zonas como Lavapiés (Madrid), donde el tráfico de citas se ha convertido en un negocio habitual en locutorios. Según denuncias sindicales, mafias organizadas utilizan bots informáticos para acaparar las citas que se publican cada día y luego las revenden.
Y para los que pensaban que la gestión de citas no constituye delito en sí, la respuesta es no. Sin embargo, cuando se utilizan datos falsos o de terceros para obtenerlas y venderlas, sí puede considerarse delito informático o estafa. El SEPE ha denunciado ante la Fiscalía de Barcelona la venta ilegal de citas, pero el problema persiste.
Para muchos usuarios sin competencias digitales, pedir cita por internet es imposible. Esto ha creado un ecosistema de asesores que ofrecen, por 70 euros, instalar el DNI electrónico o tramitar la gestión. También hay anuncios de supuestas gestoras o abogados que no existen en registros oficiales, pero solicitan pagos por adelantado y datos personales.
Desde CSIF denuncian que el Ministerio de Empleo afrontó el tsunami de los ERTE con un déficit de 3.000 trabajadores, y que en 2025 se jubilarán otros 600. La saturación ha generado el caldo de cultivo para el fraude.
El mercado negro de citas del SEPE es solo un síntoma de un problema estructural, el deterioro progresivo de la administración pública. Mientras la tecnología y el empleo avanzan, los servicios públicos se han quedado atrás, dejando a muchos ciudadanos en manos de mafias, timadores o simplemente, de la suerte.
Un mercado clandestino para acceder a un derecho básico
En muchos barrios de España, conseguir una cita en el SEPE se ha convertido en una misión imposible. Esta dificultad ha dado pie a la aparición de un mercado negro en el que personas cobran entre 40 y 90 euros por asegurar una cita previa en pocos días, frente a los tres meses de espera habituales en muchas oficinas. Con anuncios plagados de faltas de ortografía en webs como Mil Anuncios, estos «conseguidores» ofrecen desde la simple gestión de una cita hasta ayuda para regularizar papeles o resolver trámites con la DGT.
El proceso es sencillo pero preocupante. Solo se necesita enviar una copia del DNI, y en pocos días, y a cambio de dinero, el usuario obtiene una cita. Aunque los vendedores se presentan como simples intermediarios o asesores, en muchos casos utilizan bots para acaparar las citas en cuanto se liberan, generando un círculo vicioso que bloquea el sistema público. En algunos barrios como Lavapiés (Madrid), el trapicheo con citas se ha vuelto casi institucionalizado en locutorios y pequeños comercios.
La administración, desbordada e ineficaz
El SEPE afronta esta situación con una plantilla insuficiente. Según datos sindicales, el organismo arrastra un déficit estructural de 3.000 trabajadores desde los años más duros de la pandemia, cuando tuvo que gestionar el aluvión de ERTE. A esto se suman las 600 jubilaciones previstas en el próximo año, lo que agrava aún más el cuello de botella en la atención presencial. El colapso no se limita a ciudades grandes: incluso en oficinas pequeñas, las citas pueden tardar meses en estar disponibles.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) proponen soluciones urgentes como implementar turnos de tarde voluntarios o convocar una oferta extraordinaria de empleo público. Denuncian que la falta de personal, junto con la digitalización mal planificada, ha generado el caldo de cultivo perfecto para la aparición del fraude. La administración, aseguran, ha permitido que florezca un modelo paralelo de acceso al sistema que deja fuera a quienes no pueden pagar ni tienen competencias digitales.
Aunque conseguir una cita no es ilegal per se, usar datos falsos o de terceros para obtenerlas con fines lucrativos sí lo es. La Fiscalía ya investiga casos como el de Barcelona, donde el SEPE denunció redes organizadas que venden citas de forma masiva. El modus operandi se repite y es bastante sencillo: programas automáticos reservan los huecos disponibles en cuanto aparecen, lo que impide a los ciudadanos acceder por las vías oficiales. Esta práctica ha sido también común en otros servicios públicos, como el de Extranjería.
Aunque conseguir una cita no es ilegal per se, usar datos falsos o de terceros para obtenerlas con fines lucrativos sí lo es
Más allá del coste económico, los riesgos son altos. Algunos vendedores desaparecen tras recibir el pago o utilizan los datos del usuario con fines fraudulentos. En varios casos, los ciudadanos han entregado documentación sensible sin recibir nada a cambio. Además, el mercado negro no solo está en las citas, se venden falsos accesos a certificados digitales, asesorías fantasma y ayudas a trámites que terminan en estafas. La desesperación y la falta de alternativas han empujado a miles a aceptar estas condiciones.
Un problema estructural y persistente
El colapso del SEPE no es una consecuencia directa de una crisis económica, sino de un deterioro acumulado en la administración pública. Lo más paradójico es que esta situación ocurre en un momento en que el paro se encuentra en mínimos históricos. No hay colas físicas en las oficinas, pero sí una barrera digital invisible que impide a muchos acceder a sus derechos. Lo que antes era una atención directa se ha convertido en un laberinto de formularios y pasos online que no todos saben recorrer.
La brecha digital juega un papel central en esta crisis. Personas mayores, migrantes o sin conocimientos tecnológicos se ven completamente excluidos del sistema. Muchos de ellos recurren a locutorios o asesores informales para gestionar una cita o presentar un trámite. Y mientras tanto, la administración sigue sin garantizar alternativas reales: ni más personal, ni oficinas abiertas más tiempo, ni asistencia presencial eficaz. La consecuencia es un mercado paralelo de servicios públicos que vulnera el principio de igualdad ante la ley.
