El lobo ibérico ha perdido oficialmente su estatus de especie estrictamente protegida en la Unión Europea y muchos crees que detrás de la medida se encuentra la muerte del poni de Úrsula von der Leyen. Esta decisión, publicada el 24 de junio de 2025, modifica la Directiva de Hábitats y entrará en vigor el 14 de julio, permitiendo por primera vez en más de 30 años que se pueda cazar al lobo al sur del río Duero en España. El Canis lupus pasa así de estar incluido entre las especies que requieren una protección estricta a una categoría de fauna que puede ser gestionada, lo que en la práctica abre la puerta a su caza regulada.
Este cambio legal ha activado automáticamente una cláusula introducida en la ley española contra el desperdicio alimentario que obliga a eliminar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La disposición, impulsada por el Partido Popular y apoyada por Vox, PNV y Junts, convierte al lobo en una especie que podrá ser gestionada por las comunidades autónomas, dejando en sus manos la posible autorización de batidas y el establecimiento de cupos de caza.
La cláusula española que autoriza la caza de los lobos en todo el país
En el contexto legislativo español, la ley contra el desperdicio alimentario ha sido el vehículo elegido para introducir esta polémica modificación. Una enmienda aprobada en el Senado por el PP, y ratificada después en el Congreso, incluyó una cláusula que preveía la desprotección automática del lobo en cuanto cambiara su estatus legal en la UE, para muchos esta ley sólo ha sido una forma de “lavarse las manos” ante un tema que evidentemente tiene polarizada a la opinión pública. Con la entrada en vigor del nuevo régimen europeo, esa disposición se activa, permitiendo legalmente su caza en toda España.
Los impulsores de esta medida argumentaron que la protección del lobo suponía un problema para la ganadería extensiva, ya que los ataques provocaban la muerte de animales y, por tanto, el desperdicio de carne. La enmienda fue justificada en ese contexto, aunque ha sido muy criticada por su desconexión con el objetivo original de la ley, que nada tenía que ver con la fauna salvaje. A partir del 14 de julio, se permitirá oficialmente el control poblacional del lobo en todo el territorio nacional.
Von der Leyen, su poni y el inicio de la desprotección de los lobos en España
La historia de esta desprotección, según los críticos, comenzó con un suceso aparentemente anecdótico, pero con gran repercusión política, en septiembre de 2022, un lobo mató al poni favorito de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Dolly, como se llamaba el animal, fue hallado muerto en una finca en Baja Sajonia, Alemania. El incidente impactó profundamente a Von der Leyen, y poco después la Comisión Europea inició una revisión del régimen de protección del lobo.
Aunque desde Bruselas se ha insistido en que no se trató de una reacción emocional, sino de un intento por recopilar datos y evaluar el impacto real de la especie en las zonas rurales, la muerte del poni de Von der Leyen marcó un punto de inflexión. En pocas semanas, se inició una consulta a científicos, ganaderos y organizaciones ecologistas para replantear la normativa. La Comisión negó cualquier ánimo de venganza, pero la percepción pública, especialmente en redes sociales, apuntó en otra dirección.
Protestas de ganaderos y presión autonómica
Desde hace años, organizaciones ganaderas y varios gobiernos autonómicos venían reclamando la posibilidad de “controlar” la población de lobos, no se trataba de dar rienda suelta a la caza del animal, sino de mantener un equilibrio. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León lideraron esta presión, denunciando los daños a la ganadería extensiva. La extensión de la protección del lobo a todo el territorio español, aprobada en 2021 por el Gobierno de coalición liderado por el PSOE y Unidas Podemos, fue especialmente criticada.
Estas protestas encontraron finalmente un canal de expresión legal con la modificación introducida en la ley contra el desperdicio alimentario. A ojos de los sectores rurales, la rebaja en la protección representa una victoria que les permitirá proteger su actividad económica, puede ser, pero ¿a cambio de que?. Por el contrario, grupos ecologistas consideran que se trata de una concesión política que pone en riesgo la conservación de una especie emblemática.
Las organizaciones ecologistas se rebelan contra Von der Leyen
Las reacciones no se han hecho esperar, ya se han convocado marchas y protestas en varias ciudades de Europa y de España por supuesto para protestar en contra de esta ley. Varias ONG ambientales han denunciado esta modificación como una grave regresión en la política de conservación de la biodiversidad en España. Señalan que la nueva normativa permite cazar lobos sin haber realizado previamente una evaluación seria del estado de conservación de la especie, ni haber aplicado alternativas no letales para la convivencia entre fauna salvaje y ganadería.
Algunas de estas organizaciones han pedido a la Comisión Europea que investigue y sancione a España por incumplir las obligaciones comunitarias en materia de conservación. Argumentan que esta medida, impulsada por intereses ganaderos y políticos, vulnera los principios de la Directiva de Hábitats y pone en peligro los esfuerzos de décadas para recuperar la población de lobos en la península ibérica.
Un cambio legislativo que trasciende lo ambiental
Ahora bien, más allá de los aspectos medioambientales, este cambio revela cómo la política puede modificar el destino de una especie protegida a través de mecanismos legales indirectos. Introducir la desprotección del lobo en una ley sobre desperdicio alimentario ha sido una jugada estratégica y para muchos “sucia” que apenas encontró resistencia parlamentaria, se trata seguramente de la extinción de una especie si no se controla la caza. Una semana después de la aprobación de la cláusula en el Senado, el Congreso convirtió la ley en definitiva.
La medida ha abierto un debate más amplio sobre la coherencia legislativa y la transparencia en el proceso parlamentario. Muchos expertos consideran que una cuestión tan delicada como la conservación de una especie debería haberse tratado mediante una ley específica y con participación científica real, algo que no se realizó, los expertos denuncian que no se ha investigado la problemática a fondo, por tanto esta ley no cuenta con un sustento teórico y científico real. En cambio, el lobo ha sido víctima de una maniobra legislativa sin precedentes, donde las decisiones sobre su futuro se tomaron lejos del foco público y del debate ecológico riguroso.
