A partir del próximo curso escolar, los menores de 16 años que necesiten gafas o lentillas podrán beneficiarse de una ayuda directa de hasta 100 euros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida, recogida en el denominado Plan Veo, se articulará a través de un real decreto y tendrá carácter universal y homogéneo en toda España.
El Gobierno transferirá 48 millones de euros al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas para subvencionar hasta 100 euros por menor. Las familias podrán descontar esa cantidad directamente en las ópticas adheridas al plan. En el caso de las lentillas, se incluirán también los líquidos y unidades necesarios para un año.
Aunque no cubrirá el coste completo si supera esa cifra, sí supone un importante alivio económico para muchas familias. La ayuda no dependerá del nivel de renta ni requerirá trámites complejos.
Se estima que la prestación alcance a unos 500.000 menores. Podrán acceder a ella tanto quienes reciban una receta oftalmológica desde Atención Primaria como quienes ya usaban gafas y necesiten renovarlas, siempre que un óptico-optometrista así lo determine.
Actualmente, solo algunas comunidades como Madrid ofrecían ayudas similares, pero limitadas (hasta 55 euros y solo para menores de 14). Esta nueva medida busca igualar el acceso a la salud visual en todo el territorio nacional.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que esta ayuda es “un nuevo derecho” que permitirá “romper el estigma” y garantizar la equidad. Un estudio reciente de Visión y Vida señala que 720.000 niños en España sufren “pobreza visual”, es decir, no pueden permitirse gafas o lentillas, lo que impacta negativamente en su rendimiento escolar y futuro desarrollo.
Sánchez recordó que el 30% de los casos de abandono escolar están relacionados con problemas de visión no corregidos, y defendió que “ver la pizarra no puede depender del bolsillo de una familia”.
Los expertos alertan de una creciente incidencia de miopía infantil. En 2024, un 19% de los menores de entre 5 y 7 años eran miopes, y se estima que en 2030 el porcentaje alcanzará el 30%. Factores como el menor tiempo al aire libre y el uso excesivo de pantallas están detrás de este incremento, según estudios recientes.
Los adultos entre 30 y 64 años, los grandes olvidados del plan de salud visual
El reciente anuncio del Gobierno sobre la ayuda para financiar gafas y lentillas ha sido recibido con una mezcla de aplausos y críticas, las redes sociales se han convertido en la voz de quienes se sienten “utilizados” por el Gobierno para satisfacer las necesidades de sectores específicos. Si bien la medida beneficiará a menores de edad y a mayores de 65 años, el grueso de la población adulta (especialmente aquellos entre 30 y 64 años) ha quedado fuera de esta cobertura, a pesar de que muchos también sufren problemas visuales y deben afrontar el coste íntegro de estos productos esenciales.
Este sector de la población, activo laboralmente y con múltiples responsabilidades económicas (y dada la situación económica actual, inflación, desempleo, etc), denuncia una vez más su exclusión de los planes de ayuda estatales. Asociaciones de consumidores y plataformas ciudadanas han señalado la paradoja de que quienes más contribuyen a la seguridad social y al sistema tributario sean los que menos apoyo reciben en materia de salud preventiva y gasto óptico.
Oftalmólogos y ópticas celebran la medida, pero piden más inclusión para gafas y lentillas
Desde el sector profesional, la medida ha sido bien recibida como un paso en la dirección correcta. Colegios de ópticos-optometristas y asociaciones de oftalmólogos han valorado positivamente el esfuerzo por garantizar una mejor salud visual en dos colectivos vulnerables. Sin embargo, también han advertido que “el alcance de la ayuda resulta limitado” si no se contempla una progresiva ampliación del programa.
Profesionales del sector reclaman que “el acceso a gafas y lentillas no debe depender únicamente de la edad, sino también de criterios médicos y socioeconómicos”, ya que hasta el momento solo se han considerado aspectos como la edad, cuando en realidad la variable económica debería ser la más importante. Argumentan que incluir a personas con bajos ingresos o problemas visuales diagnosticados, sin importar su edad, sería un avance real hacia un sistema de salud más justo y preventivo.
El debate en redes: ¿por qué siempre quedan fuera los trabajadores en activo?
Oye, una idea que se me ocurre, ¿Por qué no damos las ayudas en función de la renta y no de la edad?
— Rocío Vidal (@SchrodingerGata) May 26, 2025
Todo para los menores y los mayores, y a una gran parte de generación joven que no se puede ni independizar, que se apañen. https://t.co/FDtHOQdAbt
Tras el anuncio, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas. Numerosos usuarios, en su mayoría adultos en edad laboral, expresaron su frustración por sentirse constantemente excluidos de las políticas de apoyo. «Ni jóvenes ni jubilados, los que sostenemos el sistema nunca estamos en la ecuación», escribía un usuario en X (antes Twitter), en un mensaje que rápidamente acumuló miles de reacciones.
La sensación de agravio comparativo se ha hecho evidente. Muchos trabajadores recuerdan que, tras la pandemia, fueron precisamente ellos quienes mantuvieron la economía activa, y ahora reclaman una atención equilibrada en las ayudas públicas (es una exigencia de justicia que muchos consideran justa). La medida, aunque bien intencionada, ha reabierto el debate sobre el reparto equitativo de los recursos sociales y el reconocimiento del esfuerzo contributivo de la clase trabajadora.
