Las universidades españolas han alcanzado un acuerdo para establecer una estructura común en los exámenes de la Selectividad (PAU) a partir del curso 2025-2026 (para tranquilidad de miles de estudiantes de todo el país. La propuesta, impulsada por la Conferencia de Rectores (CRUE), busca reducir las diferencias entre comunidades autónomas mediante criterios compartidos de estructura, evaluación y nivel competencial de las pruebas. Aunque “no se trata de una prueba única a nivel nacional”, sí se pretende que los modelos sean más similares, respetando las competencias educativas de cada territorio.
El acuerdo incluye elementos como; una duración máxima de 90 minutos por examen, la penalización por faltas de ortografía (entre un 10% y un 20% según la materia), la evaluación más competencial y menos memorística, exámenes organizados por bloques con puntuación definida y la armonización en 32 de las 35 materias evaluadas, aunque aún persisten diferencias en asignaturas como biología, portugués o plástica.
Aunque el pacto no es vinculante, se espera que la mayoría de comunidades lo adopten. Cataluña, por ejemplo, ya ha mostrado su intención de no aplicar los nuevos criterios en la prueba de inglés. Varios sectores del país han celebrado el anuncio como un “éxito rotundo”, no obstante, el Gobierno central mantiene que una prueba única no es viable, dada la diversidad curricular entre regiones.
Este paso busca garantizar mayor equidad en el acceso universitario y responde a demandas históricas de homogeneización del proceso. Las pruebas de 2025 se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio en toda España.
Exámenes por competencias y menos memorísticos: así serán las nuevas pruebas de acceso (selectividad) a la universidad
Las universidades españolas han dado un paso decisivo hacia una Selectividad que premie más las capacidades prácticas del alumnado que la simple repetición de contenidos. El nuevo modelo de evaluación, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y los rectores, “prioriza ahora la resolución de problemas, el análisis crítico de textos y la argumentación frente al tradicional enfoque memorístico”.
Esta transformación busca que “el acceso a la universidad refleje con mayor fidelidad las competencias” que exige el mundo académico y profesional actual. Con la reforma, los exámenes incorporarán preguntas abiertas, análisis de casos y tareas en las que el estudiante deberá aplicar conocimientos en contextos concretos.
Se mantiene la estructura por asignaturas, pero se introduce una mayor flexibilidad en el modo de plantear las cuestiones, fomentando la reflexión, la capacidad de síntesis y la comprensión profunda. El objetivo es “evaluar lo que el estudiante sabe hacer con lo que sabe”, y no únicamente lo que puede recordar de forma mecánica.
Las universidades acuerdan una estructura común para reducir desigualdades entre comunidades autónomas
Por primera vez en años, “las universidades han alcanzado un consenso” para armonizar los criterios de la prueba de acceso en todo el país, con el fin de reducir las diferencias que históricamente han existido entre comunidades autónomas. El acuerdo establece “una estructura básica común que garantizará una evaluación equitativa”, independientemente del lugar (Comunidad Autónoma) donde el estudiante curse el Bachillerato.
Esta decisión responde a las reiteradas demandas de alumnos, docentes y familias (que tenían que movilizarse a otra Comunidad Autónoma) que reclamaban un sistema más justo y uniforme. Aunque las comunidades mantendrán cierto margen para adaptar contenidos específicos, los elementos clave del examen –tipología de preguntas, tiempo por prueba y baremos de corrección– seguirán una pauta común.
Esta medida no solo favorecerá la igualdad de oportunidades (justicia e igualdad de condiciones), sino que también contribuirá a reforzar la confianza del alumnado en el proceso de selección universitaria. La “homogeneización de criterios” pretende cerrar la brecha que dejaba en desventaja a estudiantes de algunas regiones frente a otras con exámenes considerados más accesibles.
Las faltas de ortografía penalizarán más y se armoniza la puntuación por bloques de preguntas
Otra de las novedades destacadas del nuevo modelo es “el endurecimiento de los criterios ortográficos” (una buena noticia para algunos, pero muy mala para otros). A partir de ahora, las faltas de ortografía tendrán un mayor peso negativo en la nota final, con el objetivo de fomentar el cuidado del lenguaje escrito y la corrección gramatical. Los correctores aplicarán un baremo común en todo el territorio, lo que impedirá disparidades en la forma de valorar los errores.
Se busca así “premiar la expresión escrita precisa” y penalizar los descuidos que afectan a la claridad del mensaje. Además, las universidades han acordado unificar la puntuación de los exámenes en bloques diferenciados, de manera que el estudiante conozca de antemano cuánto vale cada parte del ejercicio.
Esta medida garantiza una “mayor transparencia en la evaluación” y permite a los aspirantes organizar mejor su tiempo y esfuerzo durante la prueba. La nueva distribución por bloques pretende evitar interpretaciones arbitrarias (la famosa “subjetividad” de la que se abusa) y asegurar que “todos los alumnos sean evaluados con los mismos criterios”, sin sorpresas ni ambigüedades.
