Madrid vuelve a ser el epicentro del conflicto entre taxistas y plataformas VTC. La Comunidad ha otorgado recientemente 8.500 licencias de vehículos con conductor (VTC) a Cabify tras una sentencia judicial derivada de años de litigios. Esta decisión, que ya ha provocado una oleada de protestas entre los profesionales del taxi, podría ser solo el comienzo: aún hay hasta 35.000 licencias pendientes de resolución en toda España.
El detonante de esta situación fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023, que tumbó la norma española que limitaba a una licencia VTC por cada 30 taxis. Como consecuencia, a partir de entonces, la Justicia española ha obligado a las administraciones a otorgar licencias previamente denegadas (entre ellas, las 8.500 que ahora se activan en Madrid).
La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y otras asociaciones advierten que esta «avalancha» de licencias pone en riesgo el sustento de miles de taxistas autónomos. Aseguran que la entrada masiva de VTC podría (e incluso algunos creen que ya está ocurriendo) desestabilizar el mercado y destruir el frágil equilibrio en la movilidad urbana. Además, acusan a Cabify de “prácticas fraudulentas” en la presentación de documentación para conseguir las autorizaciones.
Las protestas ya están en marcha: el sector del taxi ha anunciado una gran manifestación el 28 de mayo, reclamando un modelo de transporte sostenible y justo.
No sólo los taxistas están en contra. La plataforma Bolt también ha mostrado su rechazo a la concesión, advirtiendo que Cabify podría acaparar hasta el 70% de las licencias VTC activas en Madrid, rozando las cifras del taxi tradicional. La empresa alerta de una concentración perjudicial para el interés público y para los autónomos del sector.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha acatado la resolución judicial, pero ya ha anunciado que “recurrirá la decisión ante instancias superiores”. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha expresado su preocupación por el posible impacto económico en las familias del taxi y ha asegurado que el gobierno regional agotará todas las vías legales.
Una sentencia judicial que sacude el equilibrio del transporte urbano
La concesión forzosa de 8.500 nuevas licencias de VTC en Madrid ha generado una fuerte reacción en el sector del transporte urbano (taxistas, específicamente que es el sector más afectado por la medida), que ve en esta medida una amenaza directa a su sostenibilidad. Esta decisión judicial, basada en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera ilegal la proporción 1 VTC por cada 30 taxis, ha obligado a la Comunidad de Madrid a otorgar las licencias a Cabify tras años de litigio.
El conflicto, que llevaba tiempo latente, ha estallado ahora con fuerza al materializarse esta avalancha de nuevas autorizaciones, nadie en el sector esperaba una sentencia como esta y justo en este momento. Los taxistas autónomos temen que la entrada masiva de VTC provoque, lo que han denominado una “saturación del mercado”, desequilibrando el ya frágil sistema de movilidad urbana.
Para muchos de ellos, esto no solo significa una mayor competencia, sino también un “peligro para su estabilidad económica” (sobre todo para los taxistas autónomos que dependen del taxi como medio de vida) y la del modelo de transporte público que representan. Consideran que la liberalización favorece a las grandes plataformas, que cuentan con recursos para absorber la demanda y posicionarse como actores dominantes.
El sector del taxi se moviliza ante la amenaza
Frente a esta situación, las principales asociaciones de taxistas, como la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y Antaxi, han iniciado una serie de movilizaciones y acciones legales para frenar la expansión descontrolada de las licencias VTC. Esperar una respuesta a corto plazo, sería esperar demasiado, por lo que los taxistas autónomos ya buscan una fórmula que les permita sobrevivir en esta “avalancha” que se avecina para el sistema de transporte público de Madrid.
Consideran que esta decisión puede derivar en un monopolio encubierto de grandes empresas como Cabify y Uber, que acabarían arrinconando tanto a los taxis como a los pequeños autónomos que operan con licencias VTC. Además de manifestaciones públicas, como la prevista para el 28 de mayo en Madrid, los representantes del sector estudian llevar el caso a la fiscalía por presunto fraude en la solicitud de licencias.
Muchas han sido las denuncias que se han realizado sobre el tema, como el uso de documentos de vehículos alquilados o ya vendidos para simular que se cumplían los requisitos exigidos por la normativa. Para los taxistas, estas prácticas deslegitiman aún más una resolución judicial que ya consideran injusta y perjudicial, o simplemente les resta seriedad, sin embargo, la Comunidad de Madrid ha manifestado respeto por la sentencia desde el primer momento.
Cabify y el riesgo de concentración del mercado
Con las 8.500 nuevas licencias, Cabify se coloca en una posición dominante en el mercado de las VTC de Madrid, acercándose peligrosamente al número total de taxis activos en la ciudad, lo que estaría generando un desequilibrio en el sistema de transporte público.
Esta concentración ha sido criticada incluso por competidores directos como Bolt, que denuncian que se rompe el equilibrio entre taxis y VTC alcanzado en los últimos años y que tantos años de lucha les ha costado al sector. Bolt, que trabaja principalmente con pymes y autónomos (uno de los sectores más afectados con la sentencia), teme que esta ventaja competitiva de Cabify desincentive un mercado más plural y justo.
Además, se señala que “esta situación no responde a una necesidad real del mercado”, sino al resultado de una serie de resoluciones judiciales. El problema es que la resolución del tribunal sale muchos años después, cuando la situación entre VTC y Cabify parecía haber alcanzado el equilibrio.
Desde la empresa beneficiada, “Cabify ha pedido una activación progresiva de las licencias para evitar el colapso” del sistema de movilidad urbana (una medida que agradecen el resto de los integrantes del sistema), pero no ha renunciado a reclamar las 35.000 licencias aún pendientes de resolución judicial en toda España. Este escenario genera incertidumbre y temor a un modelo monopolístico difícil de revertir.
La Comunidad de Madrid, atrapada entre la legalidad y la protesta
El gobierno regional ha manifestado públicamente su oposición a la concesión de las licencias, aunque se ha visto obligado a acatar la sentencia judicial. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha dejado claro que respetan el fallo, pero que agotarán todas las vías legales, incluyendo recursos de reposición y de casación.
Desde su punto de vista, esta medida impuesta desde los tribunales pone en riesgo el tejido económico que sostiene el sector del taxi, formado mayoritariamente por autónomos. La Comunidad de Madrid ha supeditado la validez de las licencias a la acreditación de que los vehículos propuestos por Cabify están realmente disponibles para operar, algo que ha sido cuestionado por la empresa.
Este conflicto administrativo y judicial añade más incertidumbre a un escenario ya tensionado, donde la legalidad, la equidad económica y el futuro del transporte urbano se enfrentan en un complicado tablero político y social.
