En los últimos meses, plataformas como Airbnb, y Booking han sido desplazadas por una modalidad más “silenciosa” de alquiler turístico que crece sin control en numerosas ciudades españolas. Mientras el foco normativo y fiscal se centra en los alojamientos registrados en estos portales, miles de propietarios optan por “esquivar la regulación” recurriendo a métodos más difíciles de rastrear: anuncios publicados en webs extranjeras, pagos en efectivo y reservas tramitadas directamente por mensajería instantánea.
Esta práctica, lejos de ser anecdótica, ya deja huella en los datos de ocupación y en la creciente dificultad para fiscalizar el fenómeno. Los expertos alertan de un auge del llamado “turismo fantasma”, una forma de alojamiento temporal que se escapa del radar administrativo y que prolifera especialmente en destinos saturados o con restricciones municipales.
Esta tendencia, que margina por completo a Airbnb y similares, permite a los arrendadores evitar impuestos, eludir límites legales y seguir lucrándose sin dejar rastro. En este contexto, el control del mercado turístico se vuelve cada vez más complejo, mientras los efectos sobre el acceso a la vivienda y la convivencia vecinal continúan agravándose.
Los portales oficiales como Airbnb pierden terreno frente a una red paralela de alquileres sin declarar
Cada vez más turistas llegan a España y a muchas partes del mundo, porque es una “modalidad” que se ha extendido, y se alojan en viviendas que no figuran ni en Airbnb ni en ninguna otra plataforma regulada. Esta tendencia ha dado pie a un fenómeno de «turismo fantasma», en el que los propietarios eluden los controles fiscales y urbanísticos, ofreciendo sus inmuebles en canales alternativos.
Así, portales legales como Airbnb y el resto de plataformas que ofrecen servicio de reserva de hospedaje, pierden peso frente a una red paralela de alquileres temporales que opera al margen de la ley. Esta economía sumergida se ha vuelto especialmente activa en zonas con alta presión turística, como las Islas Baleares, Málaga o Barcelona.
Los expertos advierten que estas prácticas no solo suponen un fraude fiscal, sino que también generan distorsiones en el mercado del alquiler residencial. Al operar fuera de los cauces establecidos, estas viviendas no respetan los cupos turísticos ni los requisitos legales, lo que dificulta a las administraciones aplicar políticas de control o limitar el impacto de la masificación turística. ¿Una vía de escape de los “anfitriones” a la gran cantidad de normas impuestas?
Propietarios burlan la normativa con pagos en efectivo y reservas por mensajería
Muchos propietarios han optado por esquivar la normativa recurriendo a métodos “silenciosos” y casi “fantasmales” de contratación. Las reservas se cierran directamente por aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, evitando así dejar rastro en plataformas visibles o sistemas de gestión turística, lo que también les genera un gran riesgo, ya que se encuentran fuera de la ley.
Además, el pago se exige en efectivo al momento del check-in, sin emitir factura ni firmar contrato alguno, lo que imposibilita cualquier tipo de seguimiento o reclamación posterior, otro gran riesgo, tanto para el anfitrión como para los huespedes. Este tipo de prácticas no solo escapa al control de Hacienda, sino que también complica el trabajo de inspección de los ayuntamientos. Aunque en teoría muchas de estas viviendas necesitan licencia turística, en la práctica operan sin ningún tipo de permiso.
La facilidad con la que se realizan estas gestiones en redes sociales o foros privados ha provocado un auge de alojamientos ilegales que se mimetizan entre la oferta regular, aprovechando la alta demanda estacional.
Anuncios en webs extranjeras dificultan la fiscalización del turismo irregular
Una de las estrategias más utilizadas para evitar el radar de las autoridades consiste en publicar los alojamientos en páginas extranjeras, muchas de ellas con servidores fuera de la Unión Europea, lo que también les expone a muchos peligros, pero tanto los anfitriones como los huéspedes parecen decidido a cambiar las reglas del juego. Esto complica enormemente la fiscalización y el control de la actividad por parte de los vecinos de una comunidad, por ejemplo, porque todo se hace en la clandestinidad, ya que las administraciones locales no tienen acceso inmediato a los datos de usuarios ni a la trazabilidad de las reservas.
Así, mientras las plataformas como Airbnb están obligadas a compartir información con Hacienda, otras webs no están sujetas a la misma regulación. Esta opacidad digital permite a los propietarios operar con total impunidad, atrayendo a turistas extranjeros que desconocen la legalidad de la vivienda que están alquilando, o ¿realmente si conocen, pero prefieren mantenerse al margen de la ley para ahorrar dinero?.
Los anuncios, a menudo redactados en varios idiomas y acompañados de instrucciones para realizar pagos fuera del sistema, crean un entorno favorable para el fraude y otra gran variedad de delitos. Las autoridades reconocen que el control sobre estos portales es prácticamente inexistente, lo que convierte al “turismo fantasma” en un fenómeno difícil de erradicar.
