Cumplir 65 años debería ser sinónimo de descanso y estabilidad. Sin embargo, para muchos españoles que dependen del subsidio por desempleo del SEPE, esta edad marca el inicio de un problema inesperado. Al llegar a ese umbral, miles de beneficiarios descubren que este apoyo económico desaparece de forma automática, dejándolos en una encrucijada financiera.
Lo más preocupante es que no se trata de una sanción ni de un error administrativo del SEPE. Es la ley. Y, en muchos casos, esa misma ley deja a quienes más lo necesitan —personas desempleadas de larga duración que han cotizado durante décadas— sin subsidio y, en ocasiones, sin pensión.
2La trampa legal: sin subsidio, sin pensión y sin ingresos
Aunque la lógica legal del SEPE sea comprensible, su aplicación genera un vacío difícil de digerir. Porque en muchos casos, las personas afectadas aún no han solicitado la jubilación o, peor aún, no pueden hacerlo porque no cumplen los requisitos necesarios.
En España, solicitar la pensión de jubilación es un trámite que debe iniciar el ciudadano. El SEPE no lo hace por él. Esto significa que, al llegar a los 65 años, si alguien no ha iniciado su solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), puede quedarse sin el subsidio y también sin pensión.
Más aún: en 2025, solo podrán jubilarse a los 65 quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses. Los que no alcancen esa cifra tendrán que esperar hasta los 66 años y ocho meses. Es decir, pueden pasar casi dos años sin poder acceder a una pensión. Y como el SEPE les retira el subsidio en cuanto cumplen 65, se enfrentan a un periodo sin ingresos.
Este limbo burocrático está afectando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, que de la noche a la mañana dejan de recibir cualquier tipo de prestación. El resultado es un golpe seco, sin previo aviso ni red de seguridad.
