El reciente análisis publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto sobre la mesa una realidad que muchos españoles intuían, pero pocos confirmaban: la mayoría de los seguros para dispositivos móviles no compensan económicamente. La OCU ha realizado un exhaustivo estudio comparativo analizando más de veinte pólizas ofrecidas por operadoras, fabricantes y aseguradoras especializadas, revelando datos que deberían hacer reflexionar a los consumidores antes de contratar estas coberturas adicionales. Los resultados no dejan lugar a dudas: en numerosas ocasiones, estas pólizas constituyen un gasto innecesario que no ofrece el respaldo prometido.
España cuenta actualmente con más de 55 millones de líneas móviles activas, lo que supone una media superior a un teléfono por habitante. Ante este panorama de dependencia tecnológica, las compañías han encontrado un filón en la comercialización de seguros específicos, aprovechándose de nuestro temor a quedarnos sin dispositivo o a enfrentar costosas reparaciones. Según detalla el informe de la OCU, la contratación de estas pólizas se ha incrementado un 27% en los últimos tres años, principalmente en el momento de adquisición del terminal, cuando el consumidor se encuentra más vulnerable y dispuesto a aceptar coberturas adicionales sin analizar detenidamente sus condiciones.
1LAS TRAMPAS OCULTAS EN LA LETRA PEQUEÑA DE LOS SEGUROS MÓVILES
Las compañías aseguradoras han desarrollado un complejo entramado de cláusulas y exclusiones que dificultan enormemente hacer efectivas las coberturas. El estudio de la OCU revela que el 78% de las pólizas analizadas contienen restricciones abusivas que limitan significativamente su utilidad real. Entre estas limitaciones destacan los períodos de carencia de hasta 30 días, durante los cuales cualquier incidencia queda fuera de cobertura, o la exigencia de presentar denuncia policial en un plazo máximo de 24 horas en caso de robo o hurto.
Las franquicias representan otro de los grandes escollos para los asegurados. En la mayoría de casos, estas cantidades a desembolsar por el usuario oscilan entre 30 y 120 euros según el tipo de incidencia y el valor del terminal, lo que reduce considerablemente el beneficio real de la póliza. A esto se suma la depreciación aplicada en caso de robo o daño irreparable, que puede alcanzar hasta un 70% del valor original del dispositivo tras el primer año, convirtiendo en papel mojado muchas de las promesas comerciales realizadas durante la contratación.
