El vicesesetario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener un «conchabeo» (acuerdo secreto) con el expresidente catalán Carles Puigdemont para permitirle regresar a España sin ser detenido. Bravo considera que las críticas del Gobierno a los tribunales, como el Tribunal Supremo, por no aplicar la Ley de Amnistía, demuestran esta supuesta complicidad entre Sánchez y Puigdemont.
Según Bravo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha «atacado» a los tribunales por no aplicar la Ley de Amnistía, lo que le permite «identificar claramente lo que ha pasado entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont y esas reuniones en Suiza, ese conchabeo para permitirle que anuncie que viene, que haga un mitin, que se marche y que vuelva a decirnos desde fuera que ya ha hecho sus declaraciones». Bravo considera que en todo este proceso «nadie lo ha detenido sabiendo que había una orden de detención de lo mismo».
El Uso Político de las Instituciones
El dirigente del Partido Popular también ha criticado el uso que, a su juicio, ha hecho Sánchez de instituciones como la Fiscalía y la Abogacía del Estado «para su propio beneficio». Bravo ha reclamado la independencia de las instituciones y ha reprobado que el Tribunal Constitucional haya sido utilizado para «regular los efectos del ‘caso ERE’, el mayor caso de corrupción que se ha producido en España, 680 millones de euros».
El Impacto de la Financiación Catalana
En este contexto, Bravo también ha arremetido contra el cupo catalán pactado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), advirtiendo de que va a suponer recortes sociales para el conjunto de los españoles. Según sus cálculos, el dinero entregado a Cataluña podría utilizarse para contratar a 150.000 médicos, 260.000 profesores, construir 25 hospitales o hacer viable y operativo el sistema ferroviario español.
La controversia entre el Gobierno y los tribunales en torno a la figura de Puigdemont ha generado un intenso debate político. Mientras el Partido Popular acusa al Ejecutivo de complicidad con el expresidente catalán, el Gobierno defiende su independencia de las instituciones y critica la falta de aplicación de la Ley de Amnistía. Asimismo, la cuestión de la financiación catalana ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y la oposición.
