La crisis de los menores migrantes no acompañados ha sido un desafío constante para España, especialmente en las ciudades fronterizas de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. En un esfuerzo por abordar esta situación de manera más efectiva, el Gobierno de España, a través del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto modificar la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de estos menores entre las Comunidades Autónomas.
La Propuesta de Modificación de la Ley de Extranjería
Durante su visita a la frontera del Tarajal en Ceuta, Marlaska ha apelado al principio de solidaridad definido en el pacto migratorio aprobado por la Unión Europea durante la presidencia española. Ha expresado su deseo de que se apruebe la propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para que la protección de los vulnerables, los niños y niñas en este caso, sea una realidad y nadie esconda su responsabilidad.
Marlaska ha reclamado el apoyo de los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular, partiendo del ejemplo del presidente de Ceuta, Juan Vivas, con quien se ha reunido. Ha defendido que las visiones de Canarias y Ceuta sean escuchadas por el resto de comunidades autónomas, algo que el Gobierno de España ha hecho desde el minuto uno.
La Necesidad de una Respuesta Coordinada
El Ministro ha expresado que un «plan de contingencia», como el propuesto por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de asumir «esos 400 menores» que saturan los centros de menores en Canarias y Ceuta, es bienvenido pero no suficiente. Según Marlaska, se necesita una regulación acorde al desafío que se enfrenta, incluyendo la dotación de los medios necesarios y precisos para que cada Comunidad Autónoma absorba, dentro del principio de solidaridad, a los menores en los términos necesarios y precisos.
El Llamado a la Unidad
Marlaska ha destacado la importancia de la unidad entre las diferentes administraciones, incluso cuando se trata de gobiernos ideológicamente distintos, como en el caso de Ceuta. Ha recalcado que, en estas cuestiones, la unidad es prioritaria, y ha expresado su confianza en que todos los actores involucrados entiendan la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria ante esta crisis de los menores migrantes no acompañados.
En resumen, el Gobierno de España, a través del Ministro del Interior, ha propuesto una modificación de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas, con el objetivo de abordar de manera más eficaz la crisis migratoria en las ciudades fronterizas. Esta iniciativa se basa en el principio de solidaridad y la necesidad de una respuesta coordinada entre todas las administraciones involucradas, independientemente de sus diferencias ideológicas.
