La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado la invalidez de todas las diligencias realizadas por el juez instructor Manuel García Castellón en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ con posterioridad al 29 de julio de 2021. Esta decisión tiene un impacto significativo, ya que afectaría a las imputaciones por terrorismo acordadas en 2023 del expresidente catalán Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La invalidez de estas diligencias se debe a que el juez instructor prorrogó la investigación de manera extemporánea. La Sala de lo Penal consideró que la prórroga acordada el 30 de julio de 2021 era «extemporánea», ya que el plazo de instrucción había expirado el día anterior, el 29 de julio. Por lo tanto, el tribunal ordena al magistrado que dicte una nueva resolución, basándose únicamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021.
El Impacto en la Exposición Razonada al Tribunal Supremo
Esta decisión también afecta a la exposición razonada elevada por el juez instructor de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo en noviembre de 2023. Dicha exposición razonada tenía como objetivo que el Tribunal Supremo abriera una causa penal por terrorismo contra Carles Puigdemont, quien, como eurodiputado, estaba aforado ante dicho órgano judicial.
Sin embargo, al declarar la invalidez de las diligencias posteriores al 29 de julio de 2021, la Sala de lo Penal ha puesto en duda la solidez de la argumentación presentada en la exposición razonada. Esto podría tener repercusiones en la decisión del Tribunal Supremo sobre la apertura de la causa penal por terrorismo contra el expresidente catalán.
Implicaciones Futuras y el Papel de la Justicia
Esta resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pone de manifiesto la importancia del respeto a los plazos legales y la coherencia en el proceso judicial. La anulación de las diligencias posteriores al 29 de julio de 2021 demuestra que los tribunales están dispuestos a hacer valer el cumplimiento estricto de la legalidad, incluso en casos con implicaciones políticas de alto perfil.
Cabe esperar que esta decisión tenga repercusiones en el desarrollo de la causa y en la posible apertura de una nueva investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont. La justicia española deberá actuar con rigor y neutralidad, garantizando un proceso justo y apegado a los principios del Estado de Derecho.
Este caso pone de relieve la complejidad de los asuntos que involucran a altos cargos políticos y la necesidad de que el sistema judicial mantenga su independencia y profesionalidad, independientemente de las presiones o intereses que puedan estar en juego.
