En los últimos años, la situación de los Servicios Sociales en España ha sido motivo de creciente preocupación. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado recientemente el Índice DEC 2023, que pone de manifiesto las importantes desigualdades territoriales existentes en la provisión de estos servicios a lo largo y ancho del país.
Si bien algunos indicadores de cobertura de prestaciones y servicios han mejorado levemente con respecto al año anterior, la asociación alerta sobre el "escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización" impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Esta situación supone un verdadero desafío para garantizar una atención integral y de calidad a las personas dependientes.
Desequilibrios Territoriales en los Servicios Sociales
Las diferencias en el gasto y el número de profesionales por habitante entre las distintas comunidades autónomas son realmente abismales. Mientras que el País Vasco, Navarra y Castilla y León se perfilan como las regiones con mejor calificación en cuanto a la prestación de servicios sociales, otras comunidades como Extremadura, Murcia o Canarias se encuentran en una situación mucho más precaria.
Por ejemplo, el gasto por habitante en Servicios Sociales en Extremadura (633 euros) es un 72,6% más que en Murcia (366,8 euros). Asimismo, el porcentaje del PIB regional destinado a estos servicios en Extremadura (2,96%) triplica el de la Región de Murcia (1,02%). Estas disparidades se traducen en una cobertura muy desigual de prestaciones y servicios para la ciudadanía.
Tal es el caso que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior al de Navarra (684). Del mismo modo, el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (59,49%) es casi 100 veces superior al de Castilla-La Mancha (0,63%).
Evolución Insuficiente de Servicios Clave para la Desinstitucionalización
Pese a los esfuerzos realizados, la evolución de algunos servicios fundamentales para la desinstitucionalización de los cuidados ha sido lamentablemente limitada. Tal es el caso de la Ayuda a Domicilio, cuya cobertura apenas ha variado desde 2010, manteniéndose en torno al 5,5% de las personas mayores de 65 años.
De igual forma, la cobertura de Centros de Día se ha mantenido prácticamente estancada en un 0,7% de las personas mayores de 65 años desde 2010, lo que la convierte en un servicio de "cobertura muy limitada, casi marginal".
Por su parte, la Teleasistencia es el único servicio que ha mostrado cierta evolución, alcanzando una cobertura del 10,2% de las personas mayores de 65 años. Sin embargo, el Plan de Choque para la Dependencia se había marcado el objetivo de establecerla como un derecho subjetivo, meta que aún está lejos de cumplirse. De hecho, al ritmo actual de implementación, se necesitarían 23 años para alcanzar la cobertura del 100%.
Gasto en Servicios Sociales: Incremento y Reducción del Porcentaje sobre el PIB
En términos de gasto en Servicios Sociales, los directores y gerentes han constatado un aumento, si bien este ha supuesto una caída en su porcentaje sobre el PIB, que se sitúa actualmente en el 1,81%. Asimismo, la participación de las comunidades autónomas en la financiación del sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es claramente decreciente, pasando del 85,3% al 72,7% en 2022.
Los responsables de los Servicios Sociales consideran que este incremento de los dos últimos años puede deberse al aumento de la financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, que se ha traducido en 600 millones de euros más cada año para las comunidades autónomas.
En definitiva, el Índice DEC 2023 pone de manifiesto que, a pesar de ciertos avances parciales, la situación de los Servicios Sociales en España sigue siendo preocupante, con importantes desigualdades territoriales y un insuficiente desarrollo de los servicios clave para la desinstitucionalización de los cuidados. Queda, por tanto, un largo camino por recorrer para garantizar una atención social de calidad y equitativa para toda la ciudadanía.
