Los ciberataques de hackers se han posicionado como una de las actividades delictivas más rentables a nivel mundial. Lamentablemente, diversos informes han confirmado que en el año 2023 las pérdidas económicas de las víctimas superaron la cifra de los mil millones de euros. Ante esta situación, numerosas instituciones, fuerzas de seguridad y entidades gubernamentales coinciden en una recomendación unánime: no sucumbir al chantaje de los estafadores.
1Si tienes hijos, la nueva estafa de los hackers te ataca a ti
No obstante, los estafadores siempre buscan nuevas estrategias para engañar a sus víctimas. En un artículo reciente publicado en el portal TechSpot, se destacan las declaraciones de Charles Carmakal, CTO de Mandiant, una firma líder en ciberseguridad. Carmakal advirtió sobre los riesgos asociados a la inteligencia artificial y profundizó en una práctica emergente que está ganando terreno: «los hackers están cambiando las tarjetas SIM de los teléfonos móviles de los hijos de ejecutivos y utilizando estos números para hacer llamadas». Esta táctica, como era de esperar, está teniendo consecuencias desastrosas.
Según los datos compartidos por Carmakal durante el Panel de Inteligencia de Amenazas de Seguridad de Google celebrado en San Francisco, esta situación plantea un dilema psicológico para las víctimas. A primera vista, los afectados pueden creer que están hablando con su hijo, cuando en realidad están escuchando la voz de un extraño. Esta confusión lleva a las personas a estar dispuestas a pagar cualquier cantidad de dinero, ya que podrían creer que su hijo ha sido secuestrado y que el pago es la única manera de asegurar su liberación.
Estos ataques, conocidos como ransomware, han experimentado un aumento constante en los últimos años. Lamentablemente, uno de los sectores más afectados es el de la salud: en los primeros nueve meses de 2023, esta industria registró 241 ciberataques, casi el doble de los dirigidos a entidades gubernamentales (que sufrieron 147 ataques). Sin embargo, las repercusiones para aquellos que perpetran estos actos y son capturados están aumentando, ya que se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión y, en algunos casos, a multas millonarias.
