Plan Internacional ha reclamado, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora este lunes 6 de febrero, «una acción global» para poner fin a este «problema universal», una práctica a la que han sido sometidas alrededor de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo.
«Esta práctica perjudicial no está limitada a ninguna región en particular y sigue siendo un problema universal que requiere una acción global para garantizar que todas las niñas, en todas partes, puedan vivir libres de esta práctica», señala la organización.
Además, Plan Internacional recuerda, citando datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que 68 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina entre 2015 y 2030, una cifra que ha aumentado en dos millones adicionales debido a la COVID-19.
Esta práctica, según señala la ONG, se lleva a cabo principalmente en niñas jóvenes en algún momento entre la infancia y los 15 años, y ocasionalmente en mujeres adultas, y tienen más probabilidades de sufrirla en situaciones de crisis humanitaria o emergencia.
Plan International condena «todas las formas de mutilación genital femenina» pues, según precisa, «es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género contra niñas y mujeres«.
Además, advierte de que esta práctica puede acarrear «numerosos problemas de salud e incluso la muerte» y lejos de tener beneficios para la salud de niñas y mujeres, al contrario, «puede causar desangramientos, shocks, infecciones, problemas urinarios, dolores muy intensos, así como complicaciones durante el parto y un aumento de posibilidades de que los hijos e hijas recién nacidos mueran».
Plan Internacional denuncia que los actores humanitarios, gobiernos y donantes no están priorizando adecuadamente la MGF. Así, aunque las Naciones Unidas han establecido el objetivo de eliminar esta práctica para 2030, Plan señala que «solo se ha comprometido el 11% de los fondos de ayuda al desarrollo necesarios para lograrlo«.
Para la ONG, si se quiere alcanzar este objetivo, se debe priorizar con «urgencia» la prevención y la atención a las supervivientes, y se han de «aumentar sustancialmente» los fondos para estos programas.
«Los servicios de salud sexual y reproductiva, junto con los servicios de protección infantil, deben considerarse esenciales y garantizarse para que todas las niñas y mujeres puedan acceder a ellos«, señala.
Asimismo, la organización propone «involucrar a toda la comunidad» y comprometer a todas las partes interesadas relevantes en el proceso, incluyendo a «las propias niñas, padres, abuelas y mujeres mayores, líderes comunitarios y religiosos, hombres y niños, profesionales de la salud, maestros y el sistema de justicia».
También recomienda incluir la mutilación genital femenina en los currículos de educación integral de la sexualidad (EIS) «como una forma efectiva de cambiar las nociones de género perjudiciales y discriminatorias, así como las actitudes negativas hacia la sexualidad femenina que impulsan esta práctica».
