El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha avanzado este miércoles que el Gobierno distribuirá los 50 millones de euros para planes de microcredenciales de formación permanente atendiendo a criterios poblacionales y que, posteriormente, serán las comunidades autónomas las que se encargarán de repartirlo entre las universidades.
Así lo ha trasladado Subirats en una rueda de prensa tras mantener una reunión de trabajo con el equipo rectoral de la Universidad de Valladolid (UVA) al ser preguntado acerca de la cantidad que recibirá y cómo afectará a Castilla y León este plan para fomentar la formación permanente en las universidades.
El titular de Universidades ha apuntado que la distribución de estos 50 millones tendrá tres ‘ítems’, uno dedicado específicamente a la generación de los cursos, otro dedicado a la gestión de estos cursos que irá para las universidades y también las universidades tendrán unos recursos para la intermediación, ha apuntado.
Así, ha detallado que lo que aspiran a conseguir es que estos cursos respondan a demandas sociales existentes y que «no sea la universidad por su cuenta y riesgo que decida qué microcredenciales va a hacer y no, sino que respondan a una demanda social que la universidad sea capaz de responder«.
«Ahora, cuando tengamos ya, en definitiva, el documento de establecimiento, de regulación de estas normas, lo daremos a conocer a las comunidades autónomas y a la CRUE, al Consejo de Rectores de Universidades Españolas», ha añadido a renglón seguido.
La formación permanente ha sido uno de los temas que han abordado durante la reunión, ha detallado el ministro, a la par que ha destacado que el Gobierno va a presentar este plan de microcredenciales para potenciar que en los próximos años las universidades «emprendan ese camino de la formación permanente y, por tanto, se conviertan en universidades para todas las edades». Así, ha insistido que actualmente la etapa de la formación está ligada a la del empleo, a diferencia de lo que ocurría antes.
Ha ligado este asunto a la empleabilidad con «el hecho de reforzar todo aquello que facilite que las personas que acaban la universidad puedan fácilmente encontrar empleos de su nivel, los doctorados industriales, que también sería una forma de hacer investigación y hacer transferencias desde el principio«.
Con todo, ha asegurado que la voluntad del Gobierno de España es mejorar la financiación dedicada a las universidades y que las comunidades autónomas, por su parte, «sincronicen con ese esfuerzo inversor» porque la financiación pública de las universidades ha pasado por un «periodo muy largo de infrafinanciación» y, a su juicio, hay que reforzarlo.
«La LOSU también apunta a la idea de congelar las tasas. Hemos aumentado mucho las becas para ir a la universidad y, al mismo tiempo, hemos congelado las tasas. Quiere decir esto que la barrera económica no debería ser una barrera para el acceso a la universidad pública», ha apostillado a renglón seguido.
En otra clave, preguntado acerca del proceso de homologación de los títulos extranjeros, el ministro ha asegurado que es un tema que les «preocupa» por el retraso acumulado de homologaciones en muchos ámbitos, pero especialmente en el sanitario.
Eso sí, ha aclarado que no todo título extranjero tiene que pasar por un proceso de homologación. «Tenemos que distinguir dos tipos de adecuación, uno que es la equivalencia, que serían las profesiones no regladas, y las homologaciones que son exigibles en profesiones regladas como son las que tienen vinculación con la medicina, también la abogacía, los ingenieros o arquitectos«, ha explicado.
El Gobierno ha aprobado un decreto que garantiza que en seis meses se pueda producir un proceso de homologación de los títulos que se presentan y esto, según el ministro, «resuelve el tema hacia el futuro. «En cambio hay expedientes que en muchos casos tienen que subsanarse de manera física», ha señalado.
Subirats ha precisado que en caso de haber una carencia de documentación será necesario pedir a la persona que envíe la documentación pertinente. «Esto lleva acumulado mucho tiempo de retraso. Se ha creado una fuerza de choque. El Ministerio de Hacienda nos concedió el que pudiéramos contratar de 60 personas para la evolución para otro caso en el que se podría agilizar todo el proceso anterior. Pero, aun así, es cierto que llevamos retrasos que deberíamos ser capaces de mejorar en los próximos meses», ha zanjado.
Sobre la internacionalización de las universidades, el ministro ha sostenido que en la LOSE se ha incorporado una norma por la cual cualquier estudiante extranjero que venga a estudiar a España «no tendrá que pedir cada año un permiso de residencia, sino que lo podrá pedir por todo el tiempo que le duren los estudios» y que, por otro lado, también han firmado acuerdos con China, con Andorra y con Colombia para reconocer los exámenes de acceso a la universidad de cada país.
Por último, en cuanto al compromiso del Gobierno de que mejora de la financiación hasta alcanzar el 1 por ciento del PIB antes del 2030, el ministro ha apuntado que en el Presupuesto del 2024 debe figurar «claramente un aumento de financiación en relación al presupuesto del 2023» porque «este sería el camino por el cual avanzar hacia el objetivo del 1 por ciento».
«Pero, al final, serán las comunidades autónomas las que decidirán si esta transferencia autonómica va destinada a universidades o no», ha concluido el ministro.
