Poco después de que Bruselas mostrara su preocupación del gasto, por parte del Gobierno de España, de los fondos ‘Next Generation’, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha decidido lanzar dos licitaciones públicas para conseguir centenares de puestos de «videoconferencias» para su departamento, con un coste que se acerca al millón de euros, que volverá a salir de los fondos europeos, en plena polémica por su uso a nivel nacional e internacional.
«Es nuestra obligación controlar todo el dinero de la UE, y a día de hoy, todavía no sabemos dónde están los 11.5000 millones de euros entregados a España de los fondos Next Generation EU en 2021». Con estas palabras, la presidenta alemana del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, reconocía que, tras la visita de control a España, las entidades europeas seguían desconociendo a dónde habían ido a parar los millones de euros gastados por el Gobierno de España de los fondos «Covid».
Un desconocimiento que parece preocupar intensamente a Europa, tal y como reconocía la propia Hohlmeier, que lamentaba no saber «dónde está el dinero» enviado por Europa para la recuperación española de los efectos del Covid-19, enfocados en el Plan de Recuperación diseñado por el Ejecutivo nacional. Una preocupación que no parecen compartir desde el Gobierno de España, que sigue invirtiendo miles de euros de los fondos Next Generation a distintas, y en muchas ocasiones polémicas, partidas presupuestarias.
PILAR LLOP SE CENTRA EN LAS VIDEOCONFERENCIAS
Es el caso ahora en concreto de la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien parece tener la conciencia muy tranquila sobre el uso que desde su departamento se hace de estos fondos económicos europeos. Tanto es así, que a pesar de que la Justicia está sufriendo uno de sus peores momentos, con constantes huelgas de letrados y jueces, y de que la Justicia cada vez está más lejos de poder ser accesible a los ciudadanos del país, Llop ha decidido invertir casi un millón de euros en «modernizar» los sistemas de videoconferencia de su ministerio.
Así pues, tal y como ha podido saber este diario, el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, ha lanzado dos licitaciones centradas en las videoconferencias, con un valor estimado de contrato que asciende hasta los 564.750 y 371.900 euros, respectivamente.
En concreto, el primer contrato contempla el «suministro de componentes y servicios de instalación y puesta en marcha de puestos autónomos de videoconferencia», mientras el segundo contrato busca ese mismo suministro «para modernizar los sistemas de videoconferencia de las salas de vistas». Una modernización en la que se incluye desde la adquisición de nuevas pantallas de televisión LED, hasta regletas básicas para la instalación de los distintos equipos electrónicos, y que parece que necesitan ser «modernizadas» por el departamento de Pilar Llop.
Un gasto que se acerca, con los primeros datos de previsión de contrato, al casi millón de euros, que han sido destinados por el departamento de Pilar Llop, a pocos meses de las elecciones generales, a reforzar las videollamadas dentro del Ministerio de Justicia. Algo que no parece que vaya a facilitar los procedimientos judiciales, pero que sí parece ser de utilidad para el planteamiento de Pilar Llop, que sigue siendo una de las personas con mayor debilidad del Ejecutivo nacional.
Debilidad que se extiende al conjunto del Gobierno de España de cara a su posición ante Bruselas, que sigue pidiendo explicaciones sobre el gasto de los Fondos Next Generation por parte del equipo de Pedro Sánchez, que parece seguir prefiriendo guardar silencio ante los socios europeos, antes que reconocer que parte de los fondos invertidos no llegarán a la economía circular española y, especialmente, no tendrá efecto en los hogares más afectados por la llegada de la pandemia y la paralización económica del país de 2020.
