Raquel Sánchez defiende la Ley de la Vivienda, a pesar de que «apoya» a los okupas

La Ley de Vivienda aprobada y legislada por el Gobierno tiene una buena parte de su atención en los okupas y, en su lado, también hacia aquellos que lo hagan con un sueldo mensual casi de 2000 euros.

En concreto, la normativa establece que «el tribunal para apreciar la situación de vulnerabilidad económica podrá considerar el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones suponga más del 30% los ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM)».

En 2023, el IPREM se fija en 600 euros al mes, por lo tanto, se establece un límite de 1.800 euros mensuales.

El Gobierno sigue defendiendo a los okupas en su nueva Ley de Vivienda

La nueva ley de vivienda toca el tema de los desahucios y también el tema de la okupación, dos aspectos muy en tela de juicio. En cuanto a los desahucios se prohíbe que se lleven a cabo sin fecha y hora predeterminada.

También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.

El cambio prevé una ampliación del procedimiento de suspensión para casos de ocupantes vulnerables, lo que no significa ninguna paralización.

Lo que sí puede pasar es que los procesos se alarguen. Los expertos consideran que el texto «pone obstáculos a los grandes propietarios» y supone «algún trámite adicional» para los particulares. Pero creen que todo el efecto que puede tener es “ralentizar” los procedimientos, lo que ya de por sí ha suscitado críticas

Okupas Vivienda

Las ministras se congratulan de la importancia de esta defensa en la ley de la vivienda

Prueba de la trascendencia que el Ejecutivo da a la ley justo antes de la cita con las urnas ha sido el que dos ministras, la de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la de Transportes, Raquel Sánchez, hayan subido a la tribuna para congratularse de un pacto que, según la primera, acaba con la cultura «del pelotazo» y, según la segunda, es un impulso a la «esperanza» y al «quinto pilar del Estado del bienestar» en la ley de la vivienda.

De hecho, la misma Raquel Sánchez, y en referencia a esta ley de la vivienda y a lo referido a la okupación, ha manifestado que el control de los precios no va a solucionar por sí solo el problema de la vivienda, sino que es necesario «un verdadero parque público de vivienda»

Es más; al igual que el resto del Gobierno, la ministra ha hecho defensa de esta ley, en lo que dice que «no va en contra de nadie» y «es garantista para los propietarios, reconoce sus derechos y pretende protegerlos».

La oposición acusa de «blindar a los okupas», ¿pero es cierto?

La controversia es, desde hace días, una constante. Es incluso que la secretaria general del PP y portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «blindar a los okupas«; algo con lo que coincide Ciudadanos. Apenas un par de días antes, su compañero de partido y portavoz de campaña, Borja Sémper, calificaba de «chollo» y «oportunidad fantástica» para estos ‘inquilinos’ la ley de vivienda.

«Protege a los okupas en lugar de a los legítimos propietarios», aseguró el lunes el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en la misma línea. Ante estas acusaciones, el PSOE se defiende y afirma que no son sino «bulos y mentiras» usadas como «material para la campaña electoral». 

Al tanto de las críticas del sector, Raquel Sánchez ha señalado que «nadie se preocupe por la rentabilidad«, pero ha reiterado que el Gobierno se va a situar «del lado de los ciudadanos», y sobre el temor de los pequeños propietarios a ver limitados los precios de sus alquileres, ha recordado que «no se les aplica, sólo a grandes tenedores en áreas tensionadas».

Pero, ¿qué hay de cierto en este «blindaje a los okupas»? Pues, en general, para todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales cuya finalidad sea el lanzamiento de la persona que ha okupado un inmueble, la nueva ley de vivienda exige que se incluya “el día y la hora exacta” del desalojo.

Además, para que los propietarios puedan iniciar el desahucio, la normativa establece dos nuevos requisitos:

  • Presentar una demanda, la persona propietaria debe acreditar si el inmueble okupado es la vivienda habitual o no del okupa. 
  • Debe acreditar si es o no es un gran tenedor, es decir, si tiene 10 o más inmuebles de uso residencial (o no).