Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos siempre se ha mantenido en orden de conformar un impuesto a la banca que, tras muchas negociaciones, ha visto la luz con cierta polémica. ¿El motivo? Una enmienda, la cual ha dejado en fuera de la misma a las que son las entidades extranjeras.
O lo que es lo mismo: el Ejecutivo ha hecho por eximir a los bancos extranjeros del nuevo impuesto a la banca que habían propulsado, haciéndolo vía por el Senado, sin que esto afecte a todas las entidades bajo el paraguas del Banco Central Europeo, lo que éste exigía.
Así, y con el objetivo de que entre para el próximo 1 de enero, el Gobierno estimó una recaudación anual de 2.000 millones con el impuesto a las energéticas y de 1.500 millones con el de la banca, cuantías que podrían verse reducidas tras los cambios aplicados a la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿qué ha ocurrido para que esta tasa excluya a los bancos extranjeros?
La exclusión de los extranjeros no era algo meditado por el Gobierno para su nuevo impuesto a la banca
Pero la realidad, como podía ser de otra forma, es la que es; con su entrada para el 1 de enero, los bancos se mostraron en contra de este gravamen desde el primer momento, incluso el BCE (el Banco Central Europeo) también mostró su disconformidad, aunque esto es algo que no le afecta a ningún modo de ver al presidente Pedro Sánchez.
De este modo, lo que se conoce es que, de entre las entidades españolas, CaixaBank será la más afectada, ya que hasta septiembre ya hubiera tenido que abonar 376 millones de euros. Junto a la catalana, también, se encuentran otras entidades afectadas para este impuesto a la banca, como Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. Con la inclusión de esta enmienda, el principal impactado será la entidad holandesa ING.
Ante esto, y como algo que ha afectado seriamente a los bancos, la tasa agrava en un 4,8% los ingresos típicos y las comisiones en la venta de productos financieros. Es decir, la diferencia entre los intereses que cobra el banco a sus clientes y los que paga la entidad cuando recibe financiación. Y lo mismo ocurre con las comisiones: se tomará en cuenta el diferencial entre las pagadas y cobradas. Tampoco en este caso se van a gravar intereses y comisiones obtenidos en el exterior por las filiales.
Al mismo tiempo, también es cierto que el texto inicial fija que la tasa solo se aplicará sobre los bancos que superaron los 800 millones de euros sobre la base de estas partidas en las cuentas de 2019, lo que hace por dejar fuera a entidades extranjeras como ING, Deutsche Bank y las cajas rurales, entre otras. De esta manera, Hacienda evita gravar el beneficio de las empresas y se va a unas variables más objetivas y fáciles de constatar.
El Gobierno quiere recaudar de este impuesto 1.500 millones de euros de cada uno de los años
Ahora mismo, los equipos legales de los bancos extranjeros descartan tener que abonar el nuevo gravamen, de lo que no eran conscientes.
Al respecto, tal y como mantienen las informaciones, los bancos como ING o Deutche Bank, entre otros, no dan nada por sentado y no descartan que el Gobierno haga alguna modificación en este sentido en el Senado y acaben de nuevo incluidos. Sin embargo, desde el seno del Ministerio de Hacienda se apunta a que el impuesto no sufrirá demasiados cambios de los mencionados.
Por último, y como uno de los puntos más importantes para sacar adelante este plan, es que el Gobierno quiere recaudar 1.500 millones de euros cada uno de los años en los que esté vigente este impuesto, si bien la estimación se realizó cuando solo se iba a gravar a los bancos españoles con más de 800 millones de euros de resultado.
