Las medidas aprobadas por el Gobierno de ahorro energético siguen generando críticas por parte de varias comunidades autónomas, que piden más flexibilidad a la hora de aplicarlo y reprochan la falta de diálogo.
Así, han expresado su rechazo regiones como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o Andalucía, gobernadas por el PP. Normas como apagar los escaparates o limitar la temperatura en transportes públicos, centros de trabajo y comercios tampoco han conquistado a la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de la Ingeniería de España. Unas medidas, no obstante, que chocan con la normativa de prevención de riesgos laborales. Lo repasamos.
8El plan tiene problemas de inseguridad jurídica que impiden unas garantías de condiciones de trabajo adecuadas
Sin embargo, para los expertos sigue habiendo un problema de "inseguridad jurídica" y lamentan que muchas cuestiones quedan al "arbitrio de la Administración".
"En función de lo que la Administración quiera hacer en cada caso, se podría acabar sancionando a la empresa", expresan expertos como Liébana, que recuerda que la normativa sobre prevención de riesgos laborales establece la obligación de que el empresario garantice unas condiciones de trabajo adecuadas y que la Inspección de Trabajo debe vigilar su cumplimiento.
Sin embargo, según agrega, los técnicos de Industria también han de velar por que se apliquen las medidas de ahorro energético, contradictorias con las anteriores, lo que supone una sobrecarga para la empresa.
