PSOE y Unidas Podemos registrarán este jueves en el Congreso la proposición de ley para la aprobación de los nuevos impuestos temporales y extraordinarios dirigidos a entidades financieras y empresas energéticas.
Así lo avanzó ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras la reunión con las comunidades autónomas con motivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El nuevo impuesto a «los grupos dominantes» del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
De su lado, el impuesto «excepcional y temporal» dirigido a «las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés», según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años –sobre los ejercicios 2022 y 2023– y buscará recaudar 1.500 millones cada año.
El Ejecutivo ya ha adelantado que la norma que los regulará incluirá la prohibición explícita de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos. Para ello, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad.
Preguntada en rueda de prensa por las declaraciones del gobernador del Banco de España –quien ha afirmado que «no es fácil» establecer impuestos a la banca que no afecten a la economía–, la ministra de Hacienda defendió la «prudencia» fiscal del Gobierno durante su mandato y aseguró que esta precaución estará presente también en los nuevos impuestos que el Gobierno detallará mañana.
«Mi afán y, por tanto, el que preside estos impuestos es que haya prudencia y no un efecto pernicioso en la economía», recalcó la ministra.
Igualmente, lamentó que cada vez que se anuncia por parte del Gobierno una figura fiscal, inmediatamente haya voces que afirmen que se va a trasladar a los ciudadanos. «Si eso fuera cierto, no habría impuesto de Sociedades, no habría IVA ni ninguna de las figuras fiscales que posibilitan el Estado de Bienestar… solo habría, posiblemente, IRPF», ha subrayado Montero.
Así, la ministra instó a no hacer un análisis de la fiscalidad desde la perspectiva «permanentemente de la amenaza, del miedo» o intentar trasladar a los ciudadanos que, de una manera u otra, ellos son los que terminan pagando. «Hago un llamamiento para que en estos momentos ayudemos a la gran mayoría de nuestro país«, enfatizó.
Montero argumentó que tanto entidades financieras como energéticas están comunicando cuentas de resultados «más abultadas», como consecuencia de los tipos de interés y los de la energía.
«Lo que siempre ha dicho el Gobierno de España es que se trata de reequilibrar las cargas que cada uno de los agentes tenemos que desarrollar para que esta crisis no se salde con un incremento de la desigualdad ni del malestar en términos de vida de ciudadanos», señaló.
Por su parte, Iberdrola comunicó ayer al mercado que sus resultados en España han experimentado una bajada del 26% en el semestre, afectados, fundamentalmente, por los altos precios de la energía, que no se han traspasado a los clientes con precios fijos acordados previamente.
A su vez, el Banco Santander registró un beneficio atribuido de 4.894 millones de euros durante el primer semestre de este año, un 33% más interanual (+21% en euros constantes), tras un impacto por cargos de reestructuración de 530 millones de euros en el mismo periodo de 2021.
Mientras, el Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 393 millones de euros, un 78,6% más respecto al mismo periodo del año pasado, y ha situado su rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) en el 7%, superando los objetivos del plan estratégico.
