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Psicólogos acusan al Gobierno de relegar la salud mental al dejarla fuera de la ampliación de Servicios Comunes del SNS

El Consejo General de la Psicología lamenta que la salud mental sea relegada al no haber sido contemplado en el nuevo borrador de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), y afirma que se trata de «una incoherencia difícil de entender y justificar» con casi 4.000 suicidios al año en España y tasas de ansiedad y depresión que superan el 30 y el 20% respectivamente.

«Urge incluir la atención de la salud mental, de una vez por todas, como la prioridad que debe ser para el Sistema Nacional de Salud», y para ello, no cabe sino atender la alta incidencia de los problemas de salud mental incorporando la atención psicológica en la Atención Primaria, tal como se reconoce en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria.

No obstante, en el último proyecto de Orden por el que se amplía, actualiza y concreta la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, «se obvia la salud mental y se la relega, una vez más, a seguir siendo «un servicio» de difícil acceso para muchos ciudadanos y ciudadanas, lo que perjudica, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, dado que no pueden permitirse asistir a las consultas privadas sobre las que se viene sosteniendo la atención psicológica en España».

Así, señalan que «un adecuado abordaje y tratamiento de los problemas de salud mental a toda la población exigen la atención de estos problemas también desde Atención Primaria». Así lo ha demandado esta organización colegial en innumerables ocasiones ya que se trata no solo de una respuesta a la creciente demanda, sino también de una estrategia de cara a minimizar la cronificación, la hiperfrecuentación y los altos costes humanos y económicos asociados a una peor evolución de cualquier problema de salud mental.

«Atender los problemas en Atención Primaria y dar a la atención a la Salud Mental el lugar que le corresponde es, además de coste eficiente, una obligación ética de nuestros responsables políticos», concluye.