El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha señalado este viernes que la suscripción de un protocolo corresponsable del Gobierno central con todas las comunidades autónomas (CCAA) es un «avance pero no es la solución» para resolver la crisis migratoria de los menores migrantes no acompañados en Canarias.
En este sentido, Campos entiende que la Conferencia de Presidentes, que se celebrará la próxima semana en La Palma, «es la oportunidad para cerrar un compromiso» destinado a modificar la legislación estatal para fijar la distribución obligada de los menores procedentes de los territorios «tensionados por situaciones excepcionales que desbordan la capacidad de tutela de la comunidad de primera acogida».
«Es un problema de todo el Estado que hoy implica a Canarias pero que mañana repercutirá en otro territorio», apuntilló para resaltar que la situación de emergencia del archipiélago al tener que tutelar en solitario «a más de 2.800 jóvenes menores de edad exige medidas estructurales que sean asumidas por todos» los territorios, matizando que un protocolo o un memorándum «no basta», según ha informado NC en nota de prensa.
La responsabilidad de estas personas tiene que «estar repartida y, como hasta ahora, la voluntad no ha funcionado; debemos exigir un cambio legislativo» en las Cortes Generales.
Asimismo, resaltó el encuentro que se celebra estos días en el marco de la Unión Europea (UE) para debatir el plan europeo para movilizar hacia el continente vecino un paquete de 150.000 millones de euros en siete años en áreas como el cambio climático, la transición digital y el transporte, así como la seguridad y la gobernanza, además de la educación, la cultura, la formación profesional, la migración, la movilidad, así como el desarrollo sostenible, sistemas de salud y producción de vacunas.
Sobre esto último, expuso que potenciar el desarrollo de África reducirá «de forma importante la intensidad» de los flujos migratorios hacia Canarias pero «hasta que no sea una realidad, y pasarán muchos años», se necesita diseñar la política migratoria, para lo que apuntó el Gobierno central tiene que cumplir con el Estatuto autonómico y dejar participar a las islas en las decisiones migratorias que le afecten.
