La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo 4 de marzo los recursos de apelación formulados por acusaciones y defensas contra el final de la investigación de la ‘Operación Kitchen’, la mayoría de los cuales reclaman retomar las pesquisas para indagar en la existencia de una trama política en la que apuntan a una posible implicación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Según una diligencia de ordenación, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha fijado para el 4 de marzo la «deliberación y votación» de los recursos de apelación de esta pieza separada número 7 de ‘Tándem’.
Lo hace tras señalar como nueva ponente a la magistrada Ana María Rubio Encinas, en sustitución de Juan Carlos Campo, que fue designado inicialmente si bien tuvo que abstenerse dada su condición de ex ministro de Justicia, algo que ha ratificado el Pleno de la Sala de lo Penal.
El titular de este juzgado, Manuel García-Castellón, acordó en un auto del pasado 29 de julio poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje que entre 2013 y 2015 se habría organizado desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para localizar la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que cayera en manos de la Justicia.
El magistrado concluyó que ese espionaje parapolicial existió y que tuvo éxito, y procesó al ex ministro Jorge Fernández Díaz como ‘cerebro’ de la ‘Kitchen’, junto a otras diez personas, incluidos el que fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el otrora chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.
A lo largo del mes de septiembre, la mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideran un «cierre en falso» del caso. Así, la Fiscalía Anticorrupción, en una lógica que asumen buena parte de las impugnaciones, acusó al instructor de dibujar una «línea roja» en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a «una posible responsabilidad» de Rajoy y Cospedal.
Un «problema técnico» con el programa informático usado en la Audiencia Nacional para dar trámite a los recursos de apelación frenó la deliberación de los mismos, si bien el asunto quedó resuelto el pasado mes de enero, despejando el camino para que la Sala de lo Penal emita su dictamen.