El Gobierno plantea que las nuevas residencias de mayores tengan un máximo de 90 plazas con, al menos, un 65% de habitaciones individuales y espacios comunes que se asemejen a un hogar, con acceso a Internet gratuito y personalizados por los propios residentes.
Así se desprende de un borrador de trabajo, en el que se recogen las propuestas que el Ministerio de Derechos Sociales está discutiendo con patronales del sector de la dependencia y sindicatos, y que deberá negociar después con las comunidades autónomas.
Según este borrador, los centros residenciales de nueva construcción no podrán superar las 90 plazas y los centros previamente acreditados, o en proceso de acreditación, que superen dicho número deberán presentar un plan de adecuación para sectorizar el centro en unidades funcionales independientes.
Asimismo, las nuevas residencias deberán disponer de, al menos, un 65% de habitaciones individuales, mientras que en el caso de los centros que ya están en funcionamiento, el porcentaje deberá ser del 35% como mínimo.
Además, se plantea la creación de unidades de convivencia estables formadas por 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento «tipo hogar». Estos espacios deberán estar compuestos por cocina, comedor y sala de estar, preferiblemente, con acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín.
Todos estos espacios estarán personalizados por los propios residentes y los centros facilitarán conexión a Internet de forma gratuita, tanto en espacios comunes como privados, y pondrán a disposición de las personas residentes dispositivos para el acceso a la Red.
En cuanto a la ratio global para el personal de atención directa en residencias de personas mayores, –según el borrador, que puede sufrir modificaciones–, a 1 de enero de 2023, se exigiría una ratio de 0,41 trabajadores por cada usuario.
Igualmente, del texto se desprende que los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con un profesional sanitario de enlace para la coordinación de la atención.
Por otro lado, se plantea que los centros residenciales serán sometidos a inspección y las administraciones competentes deberán contar con servicios públicos de inspección suficientemente dotados, estableciéndose un mínimo de un inspector por cada 30 centros de atención residencial.
Sobre la utilización de sujeciones, se indica que estas tendrán siempre carácter «excepcional y temporal» y no se implantarán hasta que se haya constatado el fracaso de otras medidas alternativas, debidamente documentadas.
