El PSOE, el PP y Unidas Podemos han respaldado este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de ley impulsada desde la Junta General del Principado de Asturias para reconocer ayudas a la industria más electrointensiva, con la creación de un estatuto específico para este tipo de plantas.
La propuesta mandata al Gobierno a aprobar en tres meses un Estatuto específico de la Industria de Muy Alto Consumo de Energía Eléctrica, con beneficios fiscales, administrativos y de precios energéticos para aquellas industrias que alcancen un consumo superior a 1,5 kWh por cada euro de valor añadido bruto y una intensidad comercial en su sector superior al 20%.
Ángela Vallina, portavoz ante el Parlamento asturiano del grupo promotor de la iniciativa, Izquierda Unida (IU), ha destacado el respaldo de PSOE, PP y Podemos a esta propuesta, y ha elevado a «objetivo de país» contar con «una industria básica potente» y «propiciar las condiciones para su consolidación».
Su homóloga del PSOE, Dolores Carcedo, ha reconocido la insuficiencia del Estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno de su partido y la necesidad de reemplazar las desaparecidas ayudas a la interrumpibilidad, mientras que la portavoz del PP en Asturias, María Terea Mallada, ha recordado que Francia y Alemania cuentan con más compensaciones para sus plantas y que las españolas, al abrirlas a más industrias, reducen su efecto para las más necesitadas.
Además de PSOE, PP y Unidas Podemos han avalado también la propuesta Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PNV, Junts, el PDeCAT y el BNG han optado por la abstención. Vox, que en Asturias se abstuvo a la hora de impulsar esta ley, ha declinado apoyarla también en el Congreso, alegando su diputado José María Figaredo que «no sirve para nada» y se trata de «una bomba de humo».
Roberto García Morís, diputado del PSOE, ha avalado la tramitación de la propuesta, reconociendo la necesidad de adoptar medidas para la industria con «elevadas intensidades». La ‘popular’ Paloma Gázquez ha lamentado que, desde el anuncio del Estatuto, el Gobierno lleva «cuatro años perdiendo el tiempo», por lo que ha instado a facilitar más ayudas y legislar al respecto.
Por Unidas Podemos, Sofía Castañón ha apostado por poner el foco en la propia regulación, especialmente en la energética y en su fijación de precios, así como del oligopolio eléctrico, beneficiado de la escalada de precios energéticos, e Idoia Sagastizabal, del PNV, ha defendido el derecho de las grandes plantas a acceder a ayudas, pero no a costa de las ya reconocidas para el resto, pues eso iría en detrimento de la industria vasca.
