La Comisión Islámica de Melilla niega que sirva a intereses «en contra de la españolidad de la ciudad»

La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha acusado a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, de intentar «desacreditar» a esta federación religiosa musulmana ante el Gobierno de España haciéndola ver como «un brazo de las acciones híbridas contra la españolidad de Melilla», al pretender regularizar documentalmente a alrededor de 2.000 personas en la ciudad para la obtención del DNI.

A través de un comunicado de prensa, la federación que preside Hassán Laboudi ha señalado que esta actitud de Moh «marcaron y marcarán siempre, un antes y un después, sin ninguna duda en nuestra ciudad, tanto en las relaciones presentes como futuras» entre la entidad gubernamental y la organización religiosa.

La CIM ha asegurado que no se va a cansar de «responderle y de decirle claramente que deje de vender ante sus superiores eso mismo que en petit comité repite aquí, que la CIM es un brazo de las acciones híbridas, que a modo de argumento utiliza para tapar su mala gestión, su poca preparación para el cargo y su inestable actitud nada conciliadora».

En este sentido, ha subrayado que «no deja de ser asombroso y, ni mucho menos casual, que todavía tengamos en el escenario de nuestra realidad social situaciones que por el contenido que presentan son más acordes con la ficción que con la realidad del día a día». «Pero no extraña –ha añadido– que ocurran estas cosas cuando la delegada del gobierno en esta ciudad se arropa en frases tan generalizadoras, afirmando que la CIM no sirve al interés general y sí a otros intereses».

Para la federación musulmana, «quizás con estas palabras la delegada quiso enmendar una serie de incongruencias y hechos nada veraces que produjo y, que como salida efectiva para quedar bien ante sus superiores, pronunció», pero desde la Comisión Islámica han advertido que suponen «un antes y después» en las relaciones entre ambas entidades, «tanto presentes como futuras».

INDOCUMENTADOS

Desde la CIM han manifestado que no van a dudar de la buena fe de quienes con su trabajo desarrollan «una gran labor administrativa», pero sí van a cuestionar las «muchísimas resoluciones» que emite la delegada. Así, han adelantado que van a presentar ejemplos de casos por los que lucharán para su regularización documental.

Así, ha citado el caso de «un señor con tarjeta de residencia de larga duración, hoy español, su hija menor con tarjeta de residencia y, la madre y esposa indocumentada en nuestra ciudad, con una resolución favorable de residencia en 2020, en fecha de cierre por covid».

La entidad musulmana ha apuntado que «esta madre y esposa indocumentada en nuestra ciudad, perdió su derecho a tener residencia porque no pudo, como persona atrapada, presentar el visado de entrada legal». «Imposibilidad ésta –ha añadido– que queda probada por el cierre de fronteras y confinamiento covid, y por la colisión jurídica de exigírsele un visado de entrada legal a la ciudad, a quien ya se encuentra empadronada y con presencia física como persona atrapada en la ciudad».

Al respecto, ha apuntado que son «incongruencias que no atienden al caso específico y que, por resolución de la delegada del gobierno, hacen que la esposa y madre, en una familia totalmente documentada, siga siendo, un año después, una indocumentada, que perdió su derecho por haberse cumplido los dos meses de plazo que se otorgan para realizar una entrada mediante visado pese a la imposibilidad física y jurídica de realizar estas gestiones» por el cierre de la frontera con Marruecos desde que se inició la crisis sanitaria en marzo de 2020.