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Sindicatos y ecologistas se oponen a una ley ómnibus de Madrid que posibilitará «irreparables daños» medioambientales

Los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones Ecologistas han trasladado este viernes su oposición a un anteproyecto de la ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus, que permitirá «irreparables daños» medioambientales y «comprometerá el futuro de nuevas generaciones«.

En un comunicado conjunto, han puesto el acento en ocho reformas legales incluidas en este anteproyecto «cuyo objetivo es puramente especulativo» y que, entre otras cuestiones, facilita la caza en zonas de máxima protección y se autorizan actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto.

«Teóricamente el Anteproyecto de ley pretende impulsar la actividad económica y modernizar la administración, pero no contiene ni una medida de incremento de las personas trabajadoras en el ámbito del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ni la mejora en su capacitación o formación, tampoco aporta fondos económicos para estos objetivos, ni desarrolla o implementa tecnología nueva o software específico, y no dota de nuevas capacidades de control, gestión o administración a los organismos y trabajadores», han lamentado.

En cambio, han reseñado que recoge cuestiones que permiten eliminar y aliviar controles democráticos sobre las actividades medioambientales y modificar tasas específicas que convierten en accesibles determinados servicios «solo a las elites».

«Las reformas que se pretenden aprobar van a suponer graves e irreparables daños, y comprometen el futuro de las próximas generaciones», han alegado sobre medidas que facilitan la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección o permiten tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección sin mayor control administrativo.

Además, han indicado que se posibilita autorizar negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto, como los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial en zonas no urbanizables de protección y anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión.

Plantea «eliminar aquellos (casos) en los que no se considera necesaria la evaluación ambiental», con más discrecionalidad y menos control para fomentar el expolio de los recursos naturales por unos pocos sin controles democráticos y en perjuicio de todos.

De esta forma, se podrán realizar aprovechamientos forestales con una simple declaración responsable. «Los daños causados sobre flora, fauna y recursos naturales como el suelo, las aguas o el aire no admiten reparación», han recordado al respecto.

Así, desde estos sindicatos y asociaciones ecologistas se ha destacado que el daño «quedará hecho para futuras generaciones», por lo ven «imprescindible» establecer controles previos a las actuaciones y no dejar estas actuaciones a la «responsabilidad personal, lo que genera desgobierno interesado y perjuicio o deterioro de los recursos naturales».

En la misma línea, han indicado que, «bajo el mantra de la agilidad y la reducción de costes, se oculta la desregularización para fomentar la especulación y la concentración de recursos en oligopolios agrícolas, ganaderos o de industrias primarias».

También incentiva supuestamente el «uso ordenado de las vías pecuarias», pero para los sindicatos y asociaciones ecologistas lo que hace es «poner a disposición de intereses económicos privados los bienes públicos de interés general».

También critican los plazos introducidos para procedimientos de deslinde y extinción de concesiones demaniales de uso privativo, «en lugar de aportar soluciones, recursos y personas para resolverlos«, y, a pesar de la reducción de cargas administrativas en materia de aprovechamiento forestal, lamentan que no se mejore «en nada» el procedimiento y en cambio se evitan controles, «lo que permite el expolio de los recursos naturales sin las debidas garantías, fomentando su concentración, lo que evita la actividad local que fija población».

En la misma línea, han denunciado el blanqueamiento de las explotaciones de ganadería intensiva en detrimento de las tradicionales «evitando un entorno rural sostenible, apostando por un entorno explotado de manera centralizada en oligopolios intensivos no sostenibles».

ESPECULACIÓN DE LAS ELITES

En resumen, han cargado contra la «injustificable» utilización «indiscriminada» de los bienes públicos naturales con perjuicio irreparable del medio natural para futuras generaciones es injustificable. «En el Anteproyecto de Ley queda claro que el interés no es difundir el medio natural o formar en Medio Ambiente, ni siquiera establecer garantías de sostenibilidad, sino una pura especulación de elites», han alegado.

También han advertido ante el incremento del riesgo «de uno de los principales peligros y más frecuentes para nuestro medio natural, los incendios forestales» y han cargado contra la falta de homogeneización de los grupos profesionales que intervienen en estas actividades.

«Es imprescindible dotar de mayores y mejores recursos a estas actividades, incrementar las plantillas, la formación y las habilitaciones necesarias, el reconocimiento laboral de actividades tan complejas y arriesgadas a la vez que imprescindibles para el futuro de nuestro medio natural», ha indicado.

En las reformas legales se incluyen además regulaciones laborales de este colectivo sin acuerdo, negociación o dialogo social alguno, según critican incumpliendo el mandato constitucional, por lo que reclaman su retirada para su negociación con las organizaciones sindicales representativas en este sector.

«Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que esta reforma establece un sistema de no control y de acceso «caro» a los recursos naturales, con el objetivo de fomentar que las elites económicas no encuentren trabas ni control en el aprovechamiento de los recursos de todos», han indicado.