Francisco Bella y José Antonio Domínguez, los cuales fueron en su momento alcaldes de Almonte (Huelva) por el PSOE y el PP, respectivamente, han mostrado este jueves su satisfacción por la sentencia absolutoria contra todos los acusados –13 agricultores y los dos exprimeros ediles– por la extracción ilegal de aguas subterráneas en Doñana.
En declaraciones, ambos han coincidido en que se trata de un resultado «esperado» por cómo se desarrolló el juicio y consideran que «se ha hecho justicia con Doñana y sus agricultores», puesto que el proyecto de Matalagrana fue «pionero» y «el precursor» de la agricultura ecológica en la zona.
En concreto, Bella ha calificado de «magnífico» el resultado de la sentencia porque evidencia que en Doñana se lleva a cabo «una agricultura responsable», donde «se ha apostado mucho por la parte social y medioambiental».
Como ha indicado, en el juicio quedó latente que «todos actuaron de buena fe» pero ha recordado el largo proceso de ocho años derivado de este caso. No obstante, Bella, que ahora es portavoz del grupo municipal Ilusiona, ha señalado que todo este «sacrificio» ha servido para «escribir la verdad sobre la agricultura de Doñana».
El exalcalde socialista ha indicado que en 1992 el proyecto en la finca de Matalagrana fue «impulsor» de la agricultura ecológica. «Se trata de una noticia genial para el campo de Doñana y para todo el campo de Huelva», ha proseguido.
En esta misma línea se ha manifestado Juan Antonio Domínguez, quien ha remarcado que en este tiempo «se ha hecho mucho daño al sector» ya que «se le quería hacer responsable de elementos ajenos» a su desempeño.
Domínguez, que ha incidido también en que Matalagrana fue «el precursor de la agricultura ecológica en Doñana», ha señalado que este proyecto siempre ha tenido «una vocación medioambiental». Se trataba, como ha recordado, de «una finca del Estado con pozos que creó el propio el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) con un fin concreto», y de hecho «esta experiencia piloto ha provocado que hoy en día más del 90 por ciento de la agricultura de Doñana sea ecológica e integrada», ha enfatizado.
A su juicio, «lo que no se concebía era que un proyecto de esta naturaleza se convirtiera en el ‘delincuente’ de Doñana que era lo que se intentaba buscar por parte de la Fiscalía».
La sentencia remarca que los dos exalcaldes investigados, en su condición de primeros ediles de la localidad de Almonte, «carecían de competencias para ordenar a los acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos», por lo que «no pudieron realizar comportamiento alguno que pudiera favorecer una supuesta extracción ilegal de aguas».
En el juicio, la Fiscalía solicitó para los dos exalcaldes un año de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros, así como seis meses de inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura, mientras que los administradores de las explotaciones agrícolas se enfrentaban a dos años de prisión, multa de 7.200 euros, e inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura durante un año.
