La Comisión Europea ha presentado este martes una revisión de las normas en materia de Estado que flexibiliza el marco común para adaptarlo a los objetivos climáticos de la Unión Europea y facilitar así las inversiones en proyectos ‘verdes’ que contribuyan a la transición ecológica que el bloque tiene entre sus prioridades.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado que la UE necesitará un gran volumen de inversiones sostenibles para lo que se cuenta en gran medida con el sector privado, pero que las ayudas públicas «contribuirán a garantizar que la transición se produce con rapidez».
«Las directrices aprobadas reforzarán cuanto hacemos para descarbonizar nuestra sociedad. Por ejemplo, facilitarán las inversiones de los Estados miembro en energías renovables, para acelerar la consecución del ‘Pacto Vede’ de manera sostenible», ha añadido.
De este modo, la revisión permitirá a los países subvencionar proyectos diseñados para la protección del medio ambiente, incluida la generación de energía verde, e incluirá secciones para apoyar la descarbonización de la economía «de manera amplia y flexible, abierta a todas las tecnologías que puedan contribuir al Pacto Verde», según un comunicado del Ejecutivo comunitario.
Entre las posibilidades, Bruselas contempla iniciativas en el sector de las energías renovables, medidas de eficiencia energética, ayudas a la movilidad limpia, infraestructuras, economía circular, reducción de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético.
La Comisión espera también que estas directrices, que se publicarán formalmente en enero y entonces serán aplicables, faciliten la participación de las comunidades de energías renovables y las pymes, como motores importantes de la transición ecológica.
Entre los cambios introducidos por los servicios comunitarios para hacer posible esta flexibilización figura el ampliar las categorías de inversiones y tecnologías, para lo que se creará una única dedicada a la reducción y la prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero, que facilita la evaluación de las medidas de apoyo a la descarbonización.
De manera general, estarán permitidos importes de ayuda de hasta el 100 % del déficit de financiación, especialmente cuando las ayudas se conceden después de una licitación pública, e introducen nuevos instrumentos de ayuda, tales como los contratos por diferencia para el carbono para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades de ecologización de la industria.
También abarcará proyectos para la prevención o reducción de la contaminación distinta a la provocada por los gases de efecto invernadero, como pueden ser medidas contra la contaminación acústica, ayudas a la eficiencia y a la economía circular y apoyos a acciones de reparación de daños medioambientales.
Igualmente habrá secciones específicas para aquellas ayudas que incentiven las inversiones en ámbitos emblemáticos como la eficiencia energética de los edificios y la movilidad limpia, en todos los modos de transporte.
Finalmente, la revisión introduce cambios en las normas vigentes sobre reducciones de determinados gravámenes sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía.
