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El Gobierno destina 2,5 millones a los centros de investigación que trabajan en La Palma por la erupción

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la concesión directa de ayudas por un valor de 2,5 millones de euros a los centros de investigación que están trabajando en la isla de La Palma desde la erupción del volcán Cumbre Vieja.

«Tras 80 días de la erupción del volcán, hemos aprobado una concesión directa a los investigadores, a la ciencia, que ya están trabajando sobre el terreno en la isla de La Palma, y que son de distintas instituciones, universidades, centros de investigación, muchos de ellos del Gobierno de España pero también de la comunidad autónoma y del cabildo», ha precisado la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha puesto en valor que los investigadores son los que «se están haciendo cargo de la gestión» de la catástrofe «desde el punto de vista científico» permitiendo «adelantarse en la organización antes de la erupción» y que «ahora siguen trabajando de cara a la recuperación» y al «conocimiento para abordar en el futuro otras catástrofes de este tipo».

Las entidades que recibirán estas ayudas son la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), el Gran Telescopio de Canarias, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos IIII (ISCIII).

En concreto, el Gobierno destina 465.000 euros a PLOCAN para la monitorización ambiental del medio marino mediante vehículos y plataformas de observación instrumentales automatizadas. El IAC recibe 8.334 euros para la limpieza de instalaciones y equipos y la compra de equipamiento de prevención, mientras que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibe 200.000 euros para la monitorización, evaluación y seguimiento multidisciplinar de la erupción volcánica.

Asimismo, el Gobierno dedica 200.000 euros a la Universidad de La Laguna para la monitorización del volcán y sus efectos sobre la población y el territorio; 90.000 euros a los estudios del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias sobre las consecuencias de la erupción sobre los cultivos de plátanos; y cerca de 27.700 euros para reforzar la seguridad del Gran Telescopio de Canarias.

Por su parte, INVOLCÁN obtiene 604.000 euros para el fortalecimiento de las actividades de I+D+I orientadas a reducir el riesgo volcánico en La Palma; el CSIC recibe 820.400 euros para las actuaciones científicas en La Palma relacionadas con el volcán; y el ISCIII, 150.000 euros para la evaluación de la calidad del aire tras la erupción volcánica.

Estas ayudas suponen una inversión adicional del Ministerio de Ciencia e Innovación para la compra de material y otros costes relacionados con los proyectos de investigación en torno a la erupción volcánica en La Palma, a los que hay que sumar los costes de personal del personal científico y técnico del sistema público que participan en estos proyectos.

Está previsto que cerca del 70% de estas ayudas se destine a proyectos que se implementarán en los próximos meses, ya sea para avanzar con las labores de seguimiento científico sobre el terreno o para estudios biológicos y geológicos orientados a conocer el impacto de la erupción y avanzar en la reconstrucción de la zona.

REAL DECRETO-LEY

El Gobierno concede estas ayudas en virtud del Real Decreto-Ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a los afectados para la reparación de los daños ocasionados por el volcán y para la reconstrucción económica y social de la isla.

Este Real Decreto-ley abre la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia e Innovación tome las decisiones necesarias para llevar a cabo las actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente científico.

Para ello, se permite al Ministerio conceder ayudas a entidades y organismos, tanto públicos como privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en este ámbito; a suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación con las Administraciones públicas más cercanas geográficamente al lugar de la erupción y a promover cuantas actuaciones sean precisas para garantizar la continuidad de la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones públicas y entidades vinculadas.

El Real Decreto-Ley contempla, asimismo, que, para dar cobertura presupuestaria a los costes adicionales derivados de estas investigaciones, se puedan efectuar las oportunas modificaciones presupuestarias que resulten precisas.