El Ministerio del Interior ha defendido la «bajada histórica de la criminalidad» gracias a su gestión y ha negado que «exista una correlación entre inmigración y delincuencia». Además, se ha remitido a Presidencia del Gobierno sobre la posibilidad de activar la Ley de Seguridad Nacional.
En una respuesta por escrito, el Gobierno contesta a la petición de Vox de reforzar los medios de prevención antiterrorista previstos en la Ley de Seguridad Nacional. El partido de Santiago Abascal lleva semanas pidiendo esto, aludiendo al atropello mortal de Torre Pacheco (Murcia) que investiga la Audiencia Nacional por si fue un acto yihadista o ajeno a motivación terrorista.
En concreto, Vox reclama declarar «la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra en ella como situación de interés para la Seguridad Nacional». Se refiere en concreto a que el autor del atropello en Murcia era un migrante que, tras morir en el suceso matando a otra persona que se encontraba en la terraza de un bar, dio paso a una investigación de la Guardia Civil por si se trata de un acto de alguien con un problema mental ajeno a motivación terrorista o si cometió un atentado.
EXTRANJERO NO ES IGUAL A MIGRANTE
El Gobierno responde que activar la Ley de Seguridad Nacional es potestad de Presidencia del Gobierno, pero matiza que «no existe una correlación entre inmigración y delincuencia» e informa que «basta con ver» el Sistema Estadístico de Criminalidad para comprobar que «los delitos se reducen y no existe correlación entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular».
En este sentido, añade que los índices de delincuencia de los delitos graves ha disminuido si se compara 2021 con 2019, antes de la pandemia de COVID.
«Además, el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera, no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular, ya que el dato refleja simplemente que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea», subraya el Gobierno, antes de matizar que los datos «no implican culpabilidad o condena, ya que tal circunstancia la establecen los órganos judiciales».
«También es importante indicar que el Gobierno se preocupa por la seguridad como bien público y por la bajada histórica de la criminalidad, que es el resultado de la apuesta del Gobierno por recuperar la Seguridad como Bien público a través de más efectivos, mejores infraestructuras y más medios», prosigue el Ejecutivo.
La respuesta por escrito, con fecha de 15 de noviembre, concluye mencionando que la apelación a la Ley de Seguridad Nacional «excede el ámbito de competencias del Ministerio del Interior», toda vez que el artículo 24 de la dicha ley establece que «la situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto».