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Enrique Santiago defiende la reforma de la «Ley Mordaza»

El secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha defendido este sábado que la reforma planeada por el Gobierno central para la Ley 2015 de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como «Ley Mordaza» a cuenta de sus medidas en el ámbito de las protestas ciudadanas; está destinada a «corregir» aspectos que «impiden» o dificultan los derechos de manifestación y reunión, negando que vayan a ser limitadas «las competencias» de los agentes para «garantizar los derechos de los ciudadanos».

Enrique Santiago ha visitado este sábado Sevilla para celebrar un encuentro con colectivos sociales y afectados por la conocida como «Ley Mordaza», exponiendo que la Ley de Seguridad Ciudadana fue reformada en 2015 por el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy, «con la evidente intención de impedir el ejercicio de reivindicaciones sociales y dificultar el derecho a la manifestación y reunión cuando había importantes protestas contra las políticas de recorte del PP».

A tal efecto, ha defendido que la reforma planteada ahora por el Gobierno central del PSOE y de Unidas Podemos está destinada a «corregir esa situación».

Y mientras los sindicatos y asociaciones policiales reunidos en la plataforma «No a la España insegura» avisan de que la reforma implica «un claro retroceso en la defensa de la protección del libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos», al «coartar» supuestamente a los agentes en la preservación de su integridad física, «limitar la capacidad de prevención del delito» o permitir la grabación audiovisual de los efectivos; Enrique Santiago ha defendido que no hay prevista «ninguna limitación de las competencias (de los agentes) para garantizar los derechos de los ciudadanos».

A tal efecto, ha recordado que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, como órgano consultivo, ha reclamado a España una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, textualmente, «debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo».

Dado el caso, ha lamentado que los sindicatos policiales, que a su juicio han «entrado en el juego de la derecha y la ultraderecha para desgastar al Gobierno», apoyen los «recortes a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la limitación del derecho de reunión o manifestación o que se suprima la presunción de inocencia», cuando su función es «servir y proteger» a la ciudadanía.

Acusando a los partidos «de derecha y ultraderecha» de «manipular las revindicaciones policiales», ha asegurado que Unidas Podemos va a denunciar ante la citada Comisión de Venecia del Consejo de Europa «esta actitud del PP, Cs y Vox» y de los sindicatos y asociaciones policiales, de «oponerse» a la recomendación efectuada por el citado organismo consultivo del Consejo de Europa.