La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que van a redoblar los esfuerzos para que el anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI vuelva al Consejo de Ministros en segunda vuelta en el primer trimestre de 2022.
Así lo ha indicado Irene Montero este miércoles 20 de octubre durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
La ministra ha precisado que la ley trans «aportará herramientas para combatir la LGTBIfobia desde todos los ámbitos para acabar con la violencia y discriminación que sufren las personas LGTBI».
Irene Montero ha dicho que deben estar «más alerta que nunca» ante hechos como «el asesinato de Samuel, el aumento de los discursos de odio en general y en particular contra la comunidad LGTBI, o incluso la preocupante censura en Castellón de libros LGTBI».
«España no puede permitirse dar pasos atrás en sus libertades. Debemos seguir construyendo un frente común hacia la igualdad. Por ello, es nuestra obligación, Señorías, intensificar los esfuerzos para tramitar cuanto antes, y con el mayor consenso posible el anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI», ha añadido.
Tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, el anteproyecto se encuentra en proceso de información de los ministerios, CCAA y diversos órganos consultivos. Según ha recordado la ministra, se trata de un texto «necesario, largamente deseado» tanto por el colectivo LGTBI como por las CCAA, 13 de las cuales han legislado ya en su ámbito competencial.
Estas normas, ha añadido, se verán complementadas con las competencias que abarca este anteproyecto, muy específicamente el derecho al cambio registral de la mención del sexo, «cambio que, por fin, se podrá hacer sin patologización ni tutelas, desde la autodeterminación personal».
LEY DE IGUALDAD DE TRATO
Por otro lado, en materia de igualdad de trato, la ministra ha alertado de que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid-19 ha aumentado la «situación de racismo estructural y exclusión social».
Por ello, quiere que la futura ley de igualdad de trato que se está tramitando en el Parlamento proteja «adecuadamente» a las víctimas del racismo, y del discurso de odio, «garantizando la prevención desde la educación y la sensibilización».
Asimismo, ha propuesto que la ley de Igualdad de Trato modifique normas como el Código Penal o la Ley de Extranjería, para «que las personas extranjeras que carezcan de autorización de residencia en España y que hayan sido víctimas de infracciones de discriminación, intolerancia o delitos de odio, queden exentas de responsabilidad administrativa».
Del mismo modo, considera importante fomentar la denuncia pues, según los organismos internacionales, «muchas» víctimas del racismo y de la discriminación racial «piensan que la denuncia no sirve para nada y no conocen bien los recursos disponibles para su atención y acompañamiento».
