El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha acusado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de tratar de «criminalizar» la actuación del Ejecutivo murciano en torno al Mar Menor solo por «interés político», y ha criticado que ningún miembro del Gobierno central, ni de la Delegación del Gobierno, se haya puesto en contacto con los responsables regionales tras el último episodio de mortandad de peces en la zona sur.
En declaraciones, Luengo se ha mostrado convencido de que la «inacción» del Gobierno central podría conllevar una situación de «no retorno» para este espacio natural, algo que desde la Comunidad Autónoma «no vamos a permitir», y por eso ha defendido las últimas medidas anunciadas por el presidente murciano, Fernando López Miras, entre las que se encuentra el traspaso de competencias sobre Costas y la cuenca vertiente.
Según ha apuntado el consejero, ni Ribera ni ningún miembro del Gobierno de la Nación han hecho «nada» por revertir el estado de la laguna en los últimos años porque se sienten «cómodos» al hacer creer que no son responsables de la situación. «Lo que le pido a la ministra es que deje ya de difamar y deje trabajar a los que queremos trabajar», ha indicado, tras insistir en que la Comunidad, como los ciudadanos, está «cansada» de esta dinámica.
Así, ha asegurado que una de las actuaciones prioritarias es acabar con los nutrientes que llegan al agua procedentes de la rambla del Albujón y que terminan en el fondo del mar en forma de lodos y fangos, una actuación que, ha precisado, «corresponde» al Gobierno estatal y viene reflejada en el Plan de Vertido Cero.
Este documento técnico, que terminó de diseñarse en 2018, contó con «el consenso de todas las administraciones, la comunidad científica y la sociedad civil», pero la ministra «no lo pone en marcha» por «interés político», con el fin de señalar como único responsable de la situación del Mar Menor al Gobierno regional.
«Si no se toman medidas en origen, estructurales, no se va a resolver el problema», ha comentado Luengo, tras insistir en que cada día entran al Mar Menor por la citada rambla más de 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nutrientes.
Por esta razón, ha agregado Luengo, López Miras ha exigido el traspaso de competencias sobre la cuenca, ya que «los responsables de llevar a cabo la gestión de toda el agua que circula por la rambla y la que hay enterrada en la parte terrestre es competencia del Gobierno de España, al igual que lo es dentro del mar, como en todos los mares del país, excepto en las comunidades que obtuvieron estas competencias».
Con el traspaso de estas competencias, «acabaríamos con la mala imagen que estamos dando todos, porque, por desgracia, cuando uno quiere hacer cosas, cuando uno tiene perfectamente identificado qué tiene que hacer y cómo, en este caso lo único que puede hacer es reivindicarlo, porque el que está enfrente no quiere».
RECUPERACIÓN DEL CALADO DE LA GOLA DE MARCHAMALO
Luengo ha precisado que para proteger la laguna es necesario poner en marcha actuaciones «complejas». Así, ha defendido la recuperación del calado de la Gola de Marchamalo, uno de los cinco canales –junto a los de El Charco, La Torre, el Ventorrillo y el Estacio– que comunican las aguas del Mar Menor con las del Mediterráneo.
En palabras del consejero, no se trata de abrir este canal, sino de que se produzca «un mínimo intercambio de agua» que permita la salida de las bolsas que carecen de oxígeno.
Al respecto, ha querido aclarar que esta acción es «reversible» en caso de no ser efectiva, al tiempo que ha matizado que una situación similar tuvo lugar tras la DANA de 2019 y el episodio de anoxia, cuando las encañizadas de El Ventorrillo se abrieron de forma natural, lo que permitió la oxigenación de la laguna.
ESTADO ACTUAL DEL MAR MENOR
Luengo ha indicado que el Mar Menor se encuentra en una situación «muy complicada», especialmente la zona sur, debido a la baja concentración de oxígeno que presenta. Esto, ha dicho, se debe principalmente a dos factores: la presencia de nutrientes en sus aguas y las altas temperaturas registradas, en un ecosistema «sensible» sometido a una importante presión humana.
Así, ha manifestado su comprensión hacia el «sentir general», la «desesperación» y la «poca confianza en las administraciones» por parte de la ciudadanía, y ha querido dejar claro que el Gobierno regional ha intentado durante años impulsar y proponer actuaciones, como la construcción de biorreactores para eliminar nitrógeno, así como la creación un Alto Comisionado para promover la coordinación y de un Foro Interadministrativo que funciona a pesar de que ningún miembro del Gobierno central participa en él.
Del mismo modo, ha resaltado que desde el Gobierno murciano «no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que esa inacción» de la ministra conlleve «la degradación del Mar Menor».
REGADÍOS ILEGALES
La consejería de Agua, Agricultura Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia ha ordenado ya la restitución de las 940 hectáreas de regadío ilegal detectadas y comunicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y que corresponden a 50 expedientes que ya han sido notificados a los particulares.
Al hilo, Luengo ha recordado que el Gobierno autonómico, a través de la Asamblea Regional, impulsó una normativa que permite contar con amparo jurídico a la hora de identificar cualquier tipo de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor.
«El que tiene la competencia para decir si un terreno se puede regar o no, y para prohibirlo, es el Ministerio a través de la CHS. El que tiene la competencia para obligar a restituir cualquier terreno que se esté regando de forma ilegal es la Confederación, pero no solo en el Mar Menor, sino aquí, en Andalucía, en Galicia, en Madrid y en toda España», ha destacado.
A este respecto, ha puntualizado que «lo que ocurre es que el Ministerio, a través de la CHS, no estaba obligando a restituir y la Asamblea Regional decide incluir un apartado en la ley para obligar a restituir cuando el organismo de cuenca es el que decide si un terreno se puede o no regar».
«Ahora se le intenta dar la vuelta a la tortilla y se dice que el Gobierno regional no está obligando a la restitución. Entonces, ¿el único sitio de España donde se lleva a cabo la obligación de restituir terrenos es la zona de la cuenca del Mar Menor?», se ha preguntado al respecto.
Ha apostillado que, no obstante, la Comunidad Autónoma «sí está obligando a restituir», con la «complejidad» de que «cualquier procedimiento de este tipo requiere un proceso administrativo muy complejo».
Así, ha explicado que para poder actuar, el Gobierno regional necesita que la CHS notifique que un terreno no tiene derecho de agua, para después dar audiencia al propietario y, posteriormente, obligar a la restitución. A esto ha sumado la posibilidad de que los afectados presenten recursos de alzada, lo que alarga el proceso.
«Nosotros sí lo estamos haciendo; es más, estamos actuando en origen con la ley 3/2020, que es la ley, en términos agrícolas y ganaderos, más restrictiva de España y probablemente de Europa en cuanto a limitaciones de buenas prácticas y, por supuesto, prohibiendo cualquier tipo de actuación que pudiera degradar el entorno».
Además, ha asegurado que el Gobierno regional está formando en el marco de esta norma a agricultores y ganaderos, así como llevando a cabo los «controles necesarios» para verificar el cumplimiento de la ley.
Por último, ha agradecido la labor de los técnicos y miembros de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena implicados en la monitorización y análisis de las aguas, en colaboración con la Comunidad Autónoma, así como en salvar y proteger el Mar Menor.
