Aragonès espera dar con una solución en la causa del Tribunal de Cuentas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que seguirán trabajando para encontrar «una solución en el periodo más inmediato» para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017.

«Seguiremos trabajando, aquí no termina nada. Seguimos trabajando para dar todo el apoyo, aún tenemos unas horas y unos días. Esperamos tener unos días por delante para acabar de encontrar las soluciones que haya», ha destacado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, donde se ha reunido con el presidente de Flandes, Jan Jambon.

Tras asegurar que están en contacto permanente con los encausados, ha explicado que trabajan en diferentes vías e instrumentos para evitar el posible embargo de bienes e inmuebles de los afectados, y ha asegurado que los contactos que han mantenido con las entidades financieras, y que de momento no han dado fruto, «no ha finalizado y seguirán».

A la espera del dictamen que haga el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el fondo impulsado por el Govern para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, Aragonès espera que haga un pronunciamiento favorables porque están convencidos de su legalidad.

«Ante este pronunciamiento favorable, algunas de las opciones que han estado en duda, también de las entidades financieras, se pueden aclarar. Es un decreto ley ajustado a ley», ha subrayado.

Al preguntársele si ERC y Junts se han planteado de momento cubrir las fianzas con sus sedes, Aragonès ha dejado la respuesta en manos de los partidos, alegando que comparecía en la rueda como presidente de la Generalitat.

«ACCIÓN DE REPRESIÓN»

El presidente de la Generalitat ha acusado al Tribunal de Cuentas de impulsar «una acción de represión económica para intentar generar un estado de desprotección» de los encausados, y considera que la investigación abierta contra los 34 exaltos cargos obedece a una lógica política.

«Se está produciendo una absoluta injusticia. Antes de empezar un proceso de enjuiciamiento, se bloquear y embarga las propiedades, bienes e ingresos de personas que simplemente han hecho el trabajo que les correspondía, con todo el amparo legal, y no tuvieron ningún tipo de objeción legal», ha apuntado.