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Gobierno y CCAA acuerdan seguir negociando el plan estratégico nacional de la futura PAC

Gobierno y comunidades autónomas seguirán negociando el plan estratégico nacional para la aplicación en España de la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027 tras la reunión que ha mantenido este miércoles el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, donde les ha presentado su propuesta de aplicación para España.

Planas ha asegurado al término de la reunión que se ha alcanzado un «punto común» de acuerdo con las comunidades autónomas para seguir trabajando en la elaboración de este plan que ha contado con el rechazo por parte de algunas regiones.

«Queda tarea, pero hoy no se trataba de aprobar el plan estratégico nacional, sino de proseguir el camino de su preparación. La discusión habida en la reunión ha reflejado opiniones diversas con los diferentes puntos de vista de las CCAA, pero que nos ha permitido ponernos de acuerdo en continuar caminando juntos para la aprobación de este plan por parte de la CE», ha explicado Planas en rueda de prensa al término de la sectorial.

El titular de Agricultura ha recordado, como hiciera a primera hora de la mañana, que esta reunión no era para aprobar el plan estratégico sino los parámetros políticos que están contenidos en la propuesta presentada por su Departamento.

«Se trataba de que el documento fuera validado por la conferencia sectorial, que es lo que se ha producido, por tanto vamos a continuar sobre esta base trabajando», ha insistido tras declaraciones de varios consejeros que al término de la reunión aseguraban que no se había alcanzado ningún acuerdo.

Planas ha reconocido que en la reunión se han dado «puntos de vista muy diversos». «Al final, después de un gran debate amplio, rico, intenso y tremendamente constructivo y positivo, se ha alcanzado un punto común para que este documento, que está abierto y le faltan elementos de detalle constituya la base del trabajo futuro», ha recalcado.

«Es muy importante el valor del consenso y el dar un paso adelante, algo que no está de moda en España en este momento. Hoy ha sido un paso muy importante por parte de los consejeros, que han defendido sus puntos de vista», ha destacado Planas, que ha reconocido que en la reunión ha habido puntos de vista «muy diversos».

De esta forma, el titular del ramo ha reiterado que se seguirá trabajando con las CCAA en este plan, que es «tan complejo», para poder presentarlo a la Comisión Europea antes de Navidad para que sea aprobado a lo largo del primer trimestre de 2022. «Confío en que podamos presentarlo lo antes posible, antes de diciembre. España está en el grupo de cabeza junto a Francia y Alemania en la definición de los planes estratégicos de la futura PAC», ha recalcado.

En el calendario previsto para los próximos meses, Planas ha avanzado que se ha convocado para el miércoles 21 de julio una reunión para proseguir con los trabajos técnicos sobre el modelo de aplicación de los ecoesquemas, además de una nueva sectorial para finales de septiembre para validar el trabajo técnico y examinar el estado del avance del plan estratégico nacional.

Además, Planas ha avanzado que tiene previsto convocar próximamente una reunión con las organizaciones profesionales agrarias para informarles sobre el resultado de esta reunión.

UNA PAC MÁS SOCIAL, SOSTENIBLE Y CON UN REPARTO JUSTO.

El titular de Agricultura ha señalado que con la propuesta presentada a las regiones se pretende alcanzar una PAC «más social, sostenible y con un reparto más justo» para agricultores y ganaderos.

De esta forma, el medio rural contaría con una dotación anual en ayudas directas de 4.800 millones de euros. De ahí, el 60% se destinará a ayudas a las rentas y la sostenibilidad y alrededor de 1.200 millones de euros se dedicarían a los ecoesquemas, una de las novedades de la nueva PAC.

Por su parte, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) contará con 1.100 millones de euros, mientras que 900 millones de euros se dedicarán a las medidas de mercado y programas sectoriales.

En la propuesta presentada por el Departamento de Planas también se plantea reducir de 50 a un máximo de 20 la regiones de pago, además de impulsar la incorporación de los jóvenes al medio rural para lo que se destinarán más de 140 millones de euros anuales.

Del 3% del presupuesto de las ayudas directas correspondientes al primer pilar, entre ellas, al menos un 2% irá a la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (40 años o menos) y otro 1% de ayudas procedentes de medidas de desarrollo rural. Además, estas ayudas se incrementarán en el caso de las mujeres.

Otro de los temas ‘calientes’ y de desacuerdo en la sectorial con las regiones ha estado en la definición de agricultor activo, que Agricultura quiere concretarlo en el que obtenga más del 25% de sus ingresos del campo y, al menos, 5.000 euros en subvenciones. «Había comunidades que defendían este texto, pero otras querían unos criterios más restrictivos», ha explicado Planas.

Por otro lado, en la propuesta presentada figura que el importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros.

Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. Si bien, el beneficiario, que perciba, a partir de 60.000 euros anuales, podrá también descontar los costes salariales directamente soportados y los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas, mientras que se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas.

Sin embargo, el titular de Agricultura ha avanzado que las regiones han validado la propuesta de concreta de financiación a las ayudas asociadas vinculadas ganadería, sobre todo la de vacuno de carne y de leche, que ha sido muy cuestionada por la reciente campaña del Ministerio de Consumo.

Adicionalmente, el olivar tradicional se beneficiará, por primera vez, de una intervención sectorial que permitirá mejorar su gestión para reducir sus costes de producción.