Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizaron las operaciones inmobiliarias de distintos terrenos en Palma de Mallorca por las que se juzga en la Audiencia Nacional a exdirectivos de Sa Nostra han destacado la relación «fluida» entre éstos y el promotor al que le subrogaron el crédito y que se hizo porque existía una «contraprestación».
En esta nueva sesión de la vista oral que se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y el empresario Javier Collado –no se va contra el promotor Martín Gual porque falleció–, ha sido el turno tanto de estos peritos de la Guardia Civil como de los empleados de la caja de ahorros responsables de realizar los informes de riesgo.
La operación que ha acabado sentando a los procesados en el banquillo data de 2008 cuando la entidad dio el visto bueno a que Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, por medio de la subrogación de la deuda de esos terrenos, a cambio de que Sa Nostra le comprara su parte en dos sociedades, Sepik y Paine.
Los agentes, valiéndose de la información extraída de correos cruzados entre los investigados ha señalado que concluyen que la subrogación, a pesar de no tener sentido porque los terrenos no valían lo que se estipuló, se hizo porque Gual recibió como contraprestación no solo financiación sino que la caja además asumía el compromiso de adquirir esas participaciones en las dos sociedades.
Por tanto, han explicado, se trataba de una operación global –la subrogación y la salida de Gual de dos sociedades–, que según Fiscalía sólo podía salir mal para la caja. Tras puntualizar que todos los procesados intervinieron en la operación, los peritos han añadido que existía «una relación estrecha» de Batle y Dols con Gual –más con el primero– y de hecho han indicado que en mails extraídos de la cuenta de Gual, este califica de amigo a Batle.
«Si no es amistad si es cliente preferente y de confianza», han explicado, para luego añadir que si bien con Dols la relación era más fría, «tira de los compromisos adquiridos por Batle» para que continúe el acuerdo.
A preguntas de la fiscal, los agentes han indicado además que la aprobación por parte del comité de inversiones de la caja de esa subrogación llegó después de que se realizara la adquisión de los terrenos, y de hecho ha indicado que del análisis de las cuentas de las sociedades creadas por Gual ad hoc para esos terrenos –Haras y Nueva Palmira– se puede afirmar que hay movimientos dinerarios relativos a esa operación.
En relación a la fijación del precio de la subrogación, los agentes han destacado que uno de los procesados, Javier Collado, dijo en uno de los correos que se realizó sin tasar de nuevo los terrenos, y que se usó una tasación de 2006. La Fiscalía sostiene que en caso de haber realizado un análisis del precio real de esos terrenos, se habría comprobado que en 2008 había descendido debido a la crisis inmobiliaria que golpeaba a España.
«El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que el precio de la vivienda había caído ya en 2008 en 16 puntos. Era algo evidente. La propia caja habla de ello en sus análisis de riesgo del sector», ha recordado los agentes, apra luego explicar que Gual compró por encima del precio y que de hecho Collado advirtió de que él tasaba en 35 y se compraban por 50 millones –15 de diferencia–.
Del análisis de las cuentas del Grupo Martín Gual, los agentes peritos han apuntado que se realiaron movimientos que «no se entienden», y han puesto la lupa sobre transferencias que salieron hacia Suiza pero usando un francionamiento de capital «cuanto menos extraño». «Suele usarse para que no sea claro el origen del dinero», han indicado, para luego explicar que una vez que llegaba al país helvético, se mueven cantidades al HSBC en Uruguay a una cuenta propiedad de Gual.
Por su parte, la defensa de Batle y Dols ha tratado en su interrogatorio de restar credibilidad al informe de los peritos y de hecho en un momento dado ha afirmado que los informes «son absolutamente sesgados y parciales». De igual forma, la defensa de Collado ha hecho ver que el informe pericial se nutría básicamente de correos y de una inspección ocular «donde veían si había vacas pastando» en los terrenos.
LOS ANALISTAS DE RIESGO
Pero la mañana ha arrancado con la declaración de hasta cuatro empleados de Sa Nostra que eran los responsables de realizar los análisis de riesgo de operaciones, incluida la de Son Bordoy y la relativa a Son Morlà y Son Morlanet.
Uno de ellos, en concreto quien analizó el riesgo de la operación de Son Bordoy ha subrayado tras poder revisar sus conclusiones de hace ya más de 12 años que las sociedades de Gual (Haras y Nueva Palmira) eran de reciente creación y carecían de avalista, y por eso recomendó que no se realizara la operación. «Si hubiera avalista con capacidad de pago y solvencia podía mejorar la propuesta, y no era el caso», ha apuntado, para añadir que ambas sociedades no tenían capacidad de pago ni garantías.
A preguntas del abogado de la Sareb han especificado que si bien en esta ocasión su informe no fue tenido en cuenta y la subrogación se realizó, este hecho «no era habitual». No obstante, han matizado que ellos sólo informaban y que la decisión era de instancias superiores.
Por su parte, uno de los auditores de la caja ha reseñado que con la subrogación se evitaba que los acreedores anteriores entraran en mora, y ha explicado que la situación de las sociedades era mala. Además, ha afirmado que con esa operación la caja evitaba tener que provisionar el crédito, tener que ejecutar las operaciones de crédito no satisfechas por los clientes y eludir que tuviera un impacto en la cuenta de resultados de la entidad.
