APRAMP urge a aprobar la Ley contra la Trata

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a las Mujeres Prostituidas (APRAMP), Rocío Mora, ha urgido, este lunes en el Senado, ha aprobar la Ley contra la Trata que permita poner en marcha las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en esta materia.

Una de estas medidas, llama a las instituciones a realizar estudios y análisis de la situación de la prostitución en España, un análisis que, ha apuntado Mora, no se realiza de forma oficial desde hace años.

En concreto, ha destacado un dato repetido de forma habitual cuando se habla de este tema: que España es el primer país de Europa y el tercero del mundo que más demanda a mujeres para la prostitución. Sin embargo, ha advertido la directora de APRAMP, estos datos son de un estudio realizado por Naciones Unidas en 2011 y «nadie se ha preocupado» en actualizar esto, ha advertido Mora, antes de señalar que «a lo mejor» España es ya «un país de turismo sexual».

En su intervención, ante la comisión que hace seguimiento del cumplimiento del Pacto de Estado contra esta lacra en la Cámara alta, ha denunciado también como las organizaciones de proxenetas están modificando sus comportamientos y, ahora, optan por llevar a las mujeres a lugares donde están más invisibilizadas, como por ejemplo, el medio rural.

También, ha advertido, están cambiando los macroprostíbulos por pisos y casas particulares, para evitar la recuperación de la tercería locativa anunciada por el Gobierno.

RAPIDEZ, CONTUNDENCIA Y UNIÓN

Es por eso, que llama a las instituciones a realizar más estudios e informes sobre la situación y a pedir datos a las ONG que trabajan con las víctimas. Entre los datos que maneja APRAMP, por ejemplo, está que el 60% de las mujeres que son prostituidas en el país comienzan siendo menores, según ha destacado.

«La ley está hecha», ha señalado, antes de pedir a los representantes políticos «rapidez, contundencia y unión» en este tema.

En la misma sesión, también ha la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, María Filigrana, quien ha reclamado en su intervención el protagonismo de las mujeres de su pueblo y denuncia que muchas de ellas «no están representadas» en muchas de las políticas planteadas en el Pacto.

Filigrana ha reclamado que se «nombre» a las mujeres gitanas y que los casos que impliquen víctimas de este pueblo sean desagregados en las estadísticas oficiales. Además, reclama una «respuesta adecuada» a la situación específica de las gitanas víctimas de esta lacra.

DENUNCIA RACISMO

La vicepresidenta de FAKALI ha señalado el «antigitanismo» como razón por la que no existen «una respuesta adecuada para las mujeres gitanas maltratadas» con falta de reconocimiento en los protocolos, la carencia de datos sobre cómo se está produciendo este fenómeno en las gitanas, falta de formación de los equipos especializados o la inaccesibilidad a recursos sin mediar denuncia.

A su juicio, «las difíciles circunstancias socioeconómicas en la era Covid-19 y el racismo» son un «laberinto de obstáculos queles dificulta aún más el poder salir de estas dinámicas negativas. «Esta estigmatización que sigue vigente contra las mujeres gitanas está coartando su desarrollo personal y social», ha denunciado.

«Mientras se nos siga acusando de machistas y cómplices de la violencia de género será difícil que se articule una respuesta a la altura, porque se entenderá que somos perpetuadoras y voluntarias de estas situaciones», ha señalado.

MEDIDAS PARA EL RURAL

Visibilidad es lo que también ha pedido la presidenta estatal de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, que también ha comparecido este lunes ante la Comisión del Senado.

Entre sus peticiones ha llamado a realizar campañas «para reforzar la ruptura del silencio» sobre la violencia de género en el rural y para eliminar los estereotipos en este ámbito; reforzar la información y la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este medio; o establecer redes de servicio de atención social sanitaria o judicial en lugares que están alejados de donde se encuentran estos servicios.

También ha llamado a contar con las organizaciones que trabajan ‘in situ’ con las mujeres rurales y «conocen el medio»; a dar más ayuda a las comunidades autónomas para la «igualdad entre territorios»; ahondar en la situación de los menores de los municipios pequeños; y que se desagreguen los datos de violencia machista entre el mundo urbano y rural.

«Es importante la mirada a lo rural y mantenerlo vivo como seña de identidad de cada uno de los que hemos nacido en el medio», ha destacado Quintanilla.