El Congreso de los Diputados instará al Gobierno a adoptar medidas que faciliten la conciliación a abogados, procuradores y otros operadores jurídicos, si bien varios grupos parlamentarios han afeado al PSOE que realice esta propuesta, que tiene el apoyo mayoritario de la Sala pese a ser tildada de demasiado genérica, cuando el pasado mes de agosto actuó de forma contraria a los intereses de este colectivo habilitando el mes de agosto para acudir a los tribunales.
La propuesta inicial, defendida por la diputada socialista Elvira Ramón, instaba a la Gobierno a «adoptar las medidas normativas necesarias que permitan y garanticen a colectivos, como abogados, procuradores y graduados sociales, que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la administración de justicia la conciliación de su vida personal y familiar con su actividad profesional en el ámbito jurisdiccional, de la mediación y el arbitraje».
No obstante, la representante socialista ha aceptado transaccionar con el PP, que propuso el establecimiento de permisos para abogadas y procuradoras en caso de adopción o nacimiento de un hijo. El diputado de Vox, Carlos José Zambrano, ha criticado esta propuesta del PP por no tener en cuenta a los hombres, que a juicio de este parlamentario «también adoptan y tienen deberes» relacionados con los primeros días tras la llegada de un hijo a la familia.
Según se argumenta en la exposición de motivos de esta Proposición No de Ley, el pleno reconocimiento de la igualdad, aun siendo un paso progresivo, también ha sido insuficiente, y ello a pesar de que en 2007 hubo un avance muy importante con la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, dictada al amparo de la necesidad constatada de tratar normativamente un problema de desigualdad entre mujeres y hombres.
La diputada socialista ha recordado que la propia Administración de Justicia se han introducido modificaciones destinadas a equiparar la regulación del permiso de paternidad y maternidad con carácter general a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, especialmente en las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por ello cree imprescindible pues que estas medidas sean extensibles a otros colectivos, como abogados, procuradores, graduados sociales, etc., que también realizan sus labores profesionales en el ámbito de la administración de justicia.
De este modo, las medidas como permisos, licencias y bajas que tienen reconocidos los funcionarios que desempeñen su función en la administración de justicia, se regulen, para que se extiendan y otros colectivos, cuando desempeñen funciones ante los tribunales
PROPUESTA DE VOX
Zambrano, que ha adelantado su apoyo a la propuesta, ha criticado sin embargo que ésta carezca de contenido y ha propuesto, vía enmienda, una reforma de la Ley Orgánica del Pode Judicial (LOPJ) para introducir en la ley el principio de vacaciones judiciales, además de promover una verdadera desconexión de Lexnet en dichos periodos vacacionales, así como la ampliación de supuestos de suspensión de vistas en caso de partos, embarazos, accidentes o enfermedad de familiares directos o cónyuges etc. «Eso sí son medidas concretas y útiles para los profesionales», ha señalado.
María Prohens, del PP, se ha limitado a defender su enmiendas, justificándola en la falta de igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo de la justicia, mientras que tanto Mikel Legarda (PNV), Sara Giménez (Ciudadanos) como Josep Pagés (Grupo Plural) y Carolina Tellechea han calificado de paradójico que el partido que sustente al Gobierno inste esta conciliación, una medida que consideran debería partir del propio Ministerio de Justicia.
«Podría haberse iniciado su aplicación el año pasado no habiendo habilitado el mes de agosto», ha señalado Legarda, una crítica que han compartido tanto Giménez como Pagés, que ha instado también a que este tipo de medidas se extiendan «a todo el espectro de los autónomos».
Por su parte, Marina Velarde de Unidad Podemos ha calificado la propuesta como una «medida de indudable interés» y ha anunciado su voto afirmativo.
CARTA DE DERECHOS
Por otra parte, la Comisión de Justicia ha aprobado una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para instar al a remitir a la Cámara, en el plazo de tres meses, un informe exhaustivo de las actuaciones llevadas a cabo por los distintos agentes y operadores implicados en la administración de justicia «a fin de implementar y hacer efectiva la Carta de Derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia».
Esta iniciativa se incardina en el cumplimiento el próximo 28 de mayo de 20 años de la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia uno de cuyos acuerdos supuso la aprobación en abril de 2002 de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
Si bien una parte de la Carta ha sido llevada a término a través de las distintas reformas legislativas producidas en los últimos 19 años, el PSOE considera que es muy difícil tener un conocimiento cabal de todas aquellas reformas que pudieran necesitarse para su plena implementación y aplicación.
Por ello, el este grupo parlamentario ha defendido una recapitulación del estado de situación del desarrollo y observancia de los derechos referidos en la Carta, «a fin de que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pueda promover las medidas que resulten oportunas de cara a su completa implantación», según señala la exposición de motivos de la propuesta aprobada este martes.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha apoyado la iniciativa, pese a reconocer que las disposiciones de este documento no tienen eficacia jurídica; mientras que Sara Giménez, de Ciudadanos, ha reprochado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no proponga este asunto desde su departamento.
El diputado del Grupo Plural Josep Pages, por su parte, ha aprovechado su intervención a favor de esta propuesta para denunciar el incumplimiento de otra Carta que versa sobre el uso de lenguas minoritarias en los procedimientos judiciales.
También ha votado a favor de esta propuesta la diputada de Unidas Podemos, Marina Velarde, que ha señalado que es necesario favorecer la defensa de las personas con menos recursos socioeconómico, así como el uso de un lenguaje más comprensible en la justicia y otros aspectos de esta Carta, que no tiene que ser «algo estático». Jesús Merino, del PP, ha señalado que la medida «está bien traída» porque responde al cumplimiento del pacto que se firmó en su día entre el PSOE y el PP.
El único grupo parlamentario que ha votado en contra ha sido Carlos José Zambrano, de Vox, que ha calificado la iniciativa de «autoalabanza y autocomplaciencia» sin sentido, mientas la administración de justicia carece de los medios necesarios.
Finalmente, y por unanimidad, la Comisión de Justicia ha aprobado por unanimidad la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera.
