La familia del joven autista de 28 años cuya presunta muerte a golpes en una residencia de discapacitados investiga el juez de Instrucción número 45 de Madrid niega que se autolesionara y reclama que se esclarezcan los hechos ocurridos la noche del 14 al 15 de mayo de 2020.
«Queremos justicia y saber qué pasó», ha demandado la madre de Johanes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde han declarado tres técnicos y una enfermera de la residencia donde el chico llevaba ingresado once años.
El juez investiga la presunta muerte violenta en mayo de 2020 después de que el pasado diciembre la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos a instancias de un recurso presentado por la familia a través del despacho Ospina Abogados contra la decisión del juez de instancia de archivar el caso.
Mery Carvajal, la madre de la víctima, ha relatado que su hijo ingresó en 2011 en esta residencia al conseguir una plaza por parte de la Comunidad de Madrid. «Venía con moratones pero me decían que se lo hacía él mismo. Nunca les creí porque mi hijo era muy tranquilo y cariñoso a pesar de las agitaciones que tenía como niño autista que era», ha relatado.
La mujer ha recordado que el día en que encontraron a su hijo en estado grave en la habitación estaba repleto de golpes, con un ojo morado y moratones por todo el cuerpo. «Era una calamidad. Queremos saber qué pasó y quién le produjo esos golpes», ha dicho.
El día de los hechos recibieron una llamada de la residencia pasadas las doce de la noche en la que les alertaban de que había sufrido una parada cardiorrespiratoria.
Cuando la familia llegó al hospital, estaba en la UCI y entró en coma. En sus últimas horas de vida, pudieron verle y observaron la gran cantidad de hematomas que tenía en el pecho, la cabeza y en los brazos.
Desde la residencia aseguraron que esa noche sufrió diversos episodios de agitación con autolesiones y que se le puso «un cinturón abdominal en la cama».
En su declaración, los investigado han negado los hechos que se les imputan y han manifestado que esa noche «no vieron nada» a pesar de ser las últimas personas que estuvieron con el joven antes de ser trasladado al hospital.
La abogada Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, ha subrayado que la familia busca saber lo que ocurrió. «Esta persona murió de un golpe en el cráneo. Queremos saber cómo se lo hizo y quién se lo hizo», ha señalado.
La letrada ha solicitado a la Policía Judicial que entregue las grabaciones de los pasillos para poder comprobar quien fue la última persona que entró en la habitación y que no alertó de los graves hechos sucedidos.
El abogado Juango Ospina confía en que «esta vez se practiquen todas las diligencias en la búsqueda de la verdad, y que un vil asesinato, como el que ha sido matar a un niño autista indefenso en la cama, no quede impune».
INFORME POLICIAL
El vuelco del caso se produjo porque cuando tuvo lugar el archivo «la instructora no disponía aún del informe policial sobre los hechos», pero en el momento de resolver el previo recurso de reforma, sí».
El chico, que sufría un 92% de discapacidad intelectual, llevaba nueve años ingresado en esta residencia. La familia recibió el pasado 14 de mayo a las diez de la noche una llamada en la que les dijeron que «el pequeño había sufrido un ataque respiratorio pero que no se preocupasen porque ya estaba en camino al hospital».
El menor ingresó en el hospital a las 00.00 horas pero ya había perdido la vida. Presentaba hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Desde la residencia les manifestaron que su hijo se autolesionaba.
El mismo día del fallecimiento alguien de la residencia llamó a la madre del menor y le informó que «había sufrido una agresión, habiendo sido golpeado en la cabeza y en el tórax y que por eso había muerto, que tenía que denunciar los hechos para no que no quedara impune el asesinato».
HEMATOMAS EN CABEZA Y CUELLO
Según su letrado, la familia se encargó de conseguir todos los partes médicos en los que constaba que el menor tenía hematomas en cabeza y cuello, siendo «la verdadera razón de su muerte una parálisis cerebral».
La sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial fue el órgano encargado de realizar las pesquisas urgentes de investigación, trasladándose a la residencia y tomándole declaración a todo el personal.
Se solicitó entonces el visionado de las cámaras de videovigilancia sin que las mismas fuesen aportadas correctamente, y el consiguiente historial clínico del menor fallecido.
Tras la práctica de las oportunas pesquisas, la Policía remitió su atestado al juzgado de instrucción, donde prestó declaración al personal sanitario de la residencia. Los facultativos manifestaron que el menor se golpeaba solo y que por eso tenía hematomas, pero que ninguno de ellos manifestó tener conocimiento sobre hechos delictivos.
Pese a que la madre negara que su hijo se autoninflingiera y que la Policía hubiese intuido que el fallecimiento pudo haber sido provocado por alguno o algunos de los cuidadores del menor, el juzgado de instrucción decidió archivar el caso por entender que no había autor conocido y que los indicios de criminalidad no eran suficientes para continuar la investigación.
La familia contrató al despacho penalista Ospina Abogados para que representara sus derechos como acusación particular. Recurrieron el auto de archivo alegando la existencia de «indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato».
Tras ello, la Audiencia estimó el recurso y ordenó al juez instructor continuar con la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para hacerse de las videograbaciones del interior de la residencia y conocer quién el último facultativo que entró en la habitación del fallecido.
