El abogado Gonzalo Boye ha formulado recusación contra la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, al entender que tiene un interés «personal» en «llevar al banquillo de los acusados» al letrado, procesado por su presunta participación en un entramado criminal para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
En un escrito, la defensa de Boye –conocido por ejercer la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont– recuerda que el abogado prestó declaración indagatoria en enero y que tres días después presentó «prueba objetiva y contundente» que cuestionaba los hechos por los que fue procesado en esa causa en al que también está ‘Sito Miñanco’.
Apuntaba entonces que a partir del estudio de geolocalización de los teléfonos intervenidos a los investigados en la causa se realizó un informe pericial que fue aportado el 21 de enero. Y al hilo, recuerda que Tardón, sin mencionar esa prueba u otras, «procedió a solicitar a la fuerza actuante un contra informe» a pesar de que ninguna de las partes personadas impugnó el presentado por Boye.
«Es realmente insólito, dado que vulnera el derecho al juez imparcial», dice, para añadir con esta actitud cercena «el derecho de defensa, pues todo su afán es no tener en cuenta los datos de descargo y, por el contrario, se afana en impedir que el letrado se defienda».
EL CORREO HUMANO
El procesamiento de Boye tiene origen en el uso de correos humanos por la organización de Sito Miñanco para mover dinero hacia Colombia y de la detención el 6 de febrero 2017 de varios de los investigados en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.
La jueza explicaba en su auto cómo ante esa aprehensión, los procesados García Arango y Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de «personas de confianza» los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Y fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Sito Miñanco y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro.
En dicha reunión, indica la jueza en su auto, éstos les informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido. Según la jueza la idea era hacer ver que esa documentación confeccionada por los abogados, había sido adquirida y vendida a terceros por otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.
Sin embargo, según la juez, este negocio «no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía».
Pero Boye insiste en que ha solicitado varias veces que se acredite que González Rubio, considerado «correo humano» por la jueza, es realmente un empresario solvente que «conserva su patrimonio y gran parte de sus empresas tanto en España como en Colombia, manteniendo el control y actividad de las mismas desde prisión». Y recuerda que ya declaró que él era el propietario de la cantidad intervenida en Barajas y que fue quien contrató a Boye para la recuperación de su dinero.
LA QUERELLA DE 2018
Lamenta que Tardón no haya acordado practicar esas diligencias y que tampoco haya incorporado a la causa un testimonio de otro procedimiento de 2018 «a fin de privar a la defensa del letrado señor Boye de la posibilidad de acreditar su propia falta de imparcialidad».
Se refiere al que tuvo origen en una querella presentada contra Boye por un delito de falsedad, la supuesta falsificación de una traducción presentada ante la Justicia belga y en contra del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Tardón inadmitió la querella y expresó su opinión sobre la «tipicidad» de los hechos y la «participación» del letrado razonando que se veía forzada a inadmitirla porque no se cumplía con el requisito de perseguibilidad.
Recuerda que es querella iba firmada por una amiga personal de Tardón, y que ya entonces la instructora debió haberse abstenido por lo que incurrió en una falta muy grave: «Refleja el interés que tiene en los asuntos que puedan afectar al Letrado Sr. Boye, interés que se continúa manteniendo en el presente procedimiento».
La defensa de Boye recuerda además que ya hace diez días presentó junto a otros abogados de la Coordinadora de Abogados de Cataluña una querella contra la magistrada por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato –el de un supuesto narcotraficante colombiano– por procesar a dicho letrado en el marco de la causa sobre el ‘narco’ gallego ‘Sito Miñanco’.
Por eso, ahora en este escrito de recusación, el abogado indica que la jueza ha podido enterarse por la prensa de la querella y por tanto ahora «al interés personal de perjudicarle se suma su interés personal por defenderse».
