La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado ante la polémica en Galicia tras la aprobación en el Congreso de la primera Ley de Cambio Climático que, «en realidad no es posible decir que una norma tenga efecto retroactivo cuando limita derechos ya firmes».
En una entrevista en Cadena Ser, la ministra ha respondido así tras ser preguntada sobre si esta norma puede tener carácter retroactivo ante el temor de un sector gallego que considera que puede afectar a algunas multinacionales.
«En Galicia se está viviendo una situación un poco extraña», ha señalado Ribera, al tiempo que ha explicado que la Ley de Costas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, «introdujo la posibilidad de tener concesiones de dominio público que iba más allá de lo que imponía o reconocía como límite la Ley de Patrimonio», ha asegurado.
Durante el tiempo de vigencia de esta última, aprobada durante el Ejecutivo de José María Aznar, y que ha calificado Ribera de «ley Cañete», ha deslizado que «se otorgaron una serie de concesiones que extendían la vida útil de algunas de estas autorizaciones previas más allá de los 75 años».
«Todas ellas son concesiones firmes salvo una que está sujeta a la decisión de los tribunales», ha añadido. Por tanto, ha explicado que aquellos que tengan una concesión firme que no haya sido recurrida por nadie y, aunque vaya más allá de los 75 años que fija la ley de 2013, «no tendrán ningún tipo de disculpa».
Tal y como ha enfatizado la ministra, 75 son muchos para poder evaluar si existen efectos del cambio climático que aconsejen «otra cosa». «Pero en principio, no tienen ninguna limitación con respecto a la concesión ya otorgada», ha explicado.
Sin embargo, sí ha recordado que hay una empresa «que está ubicada en zona de dominio público marítimo-terrestre», cuya concesión fue recurrida, y «las decisiones dependerán de lo que considere la Audiencia Nacional», ha asegurado.
