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Boye y más de 40 abogados catalanes se querellan contra la juez Tardón

Más de 40 abogados de asociaciones pertenecientes a la Coordinadora de Abogados de Cataluña, incluido Gonzalo Boye, han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato –el de un supuesto narcotraficante colombiano– por procesar a dicho letrado en el marco de la causa sobre el ‘narco’ gallego ‘Sito Miñanco’.

La querella se dirige contra la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, por ambos delitos, pero también contra una letrada de la administración de justicia y el fiscal especial antidroga Ignacio Miguel de Lucas Martín, que trabajan en ese mismo juzgado, por el de encubrimiento de asesinato.

Los querellantes entienden que «ni la jueza María Tardón ni el fiscal Ignacio de Lucas se han interesado a lo largo de estos dos años en propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido por Manuel Andrés Puentes Saavedra tanto en Colombia como en España». «Todo lo contrario, lo han encubierto, a fin de proteger a este investigado, a cambio de perjudicar gravemente al letrado Gonzalo Boye», han denunciado.

Se refieren al asesinato perpetrado el 24 de enero de 2018 en la localidad colombiana de Pereira contra Santiago Quintero Marín, un supuesto ‘narco’ que estaría relacionado con la organización de ‘Sito Miñanco’, del que Boye y los demás querellantes culpan al ‘narco’ arrepentido Manuel Andrés Puentes Saavedra en lo que sería un ajuste de cuentas a nivel interno.

Tanto Quintero Marín como Puentes Saavedra estaban investigados en la causa que instruye Tardón por presuntas operaciones en las que se pretendía introducir casi cuatro toneladas de cocaína en España y blanquear el dinero obtenido de la droga. Según Boye, es la declaración del segundo ‘narco’ la que llevó a la instructora a imputarle el pasado mes de enero.

De acuerdo con el relato de Tardón, Puentes Saavedra y otro procesado iniciaron una serie de acciones para recuperar los 889.620 euros de ‘Sito Miñanco’ intervenidos en un operativo policial efectuado en 2017 en el aeropuerto de Barajas, y en ese contexto se reunieron con Boye y otro abogado que les ofrecieron elaborar falsos contratos de compraventa de letras de cambio para justificar el origen legal del dinero.

«PERJUDICAR GRAVEMENTE» A BOYE

Los abogados querellantes sostienen que Tardón y De Lucas «se prevalieron de sus cargos y de la función que desempeñan para perjudicar gravemente a Gonzalo Boye y lograr su procesamiento por un delito de falsedad documental y blanqueo de capital procedente del narcotráfico».

Para ello, apuntan, «jueza y fiscal simularon su ánimo de informar a las autoridades colombianas acerca de los sólidos indicios de la participación activa del investigado Manuel Andrés Puentes Saavedra en el asesinato del coinvestigado Santiago Quintero Marín».

Con esta supuesta maniobra, Tardón y De Lucas habrían logrado que Puentes Saavedra prestara una declaración voluntaria en la que incriminó a Boye, tras lo cual obtuvo la libertad provisional, con el informe favorable del fiscal.

«Manuel Andrés Puentes Saavedra disfruta desde entonces de libertad provisional y no se ha comunicado a las autoridades colombianas los indicios de su participación ‘activa’ en el asesinato de Santiago Quintero Marín», subrayan.

«ENORME PERJUICIO PERSONAL Y PROFESIONAL»

En cuanto al delito de prevaricación que atribuyen a Tardón, se basan en sus resoluciones del 19 de octubre de 2019, donde acordó la entrada y registro en los domicilios particular y profesional de Boye, así como en el auto del 14 de diciembre de 2010, que alza el secreto de parte del contenido del teléfono móvil y de la carpeta de correos electrónicos del abogado.

«La injerencia en su vida íntima y profesional, con afectación de derechos de terceros –preferentemente, sus clientes– fue inmensa», aducen, recalcando que la juez se habría fundado solamente en «la declaración falsaria y espuria» de Puentes Saavedra, de quien dicen que «ha sido premiado con su libertad y con su impunidad por el asesinato de Santiago Quintero».

«La gravedad de la conducta de la magistrada querellada se percibe desde el punto y momento en que, apartándose ostensiblemente de la consolidada jurisprudencia respecto a las declaraciones de coinvestigados, criminaliza arbitrariamente la labor de defensa del letrado Gonzalo Boye, persiguiendo con ello un enorme perjuicio personal, profesional y reputacional» afirman, señalando además que de esta forma «socava las bases democráticas en que se funda la labor de defensa».

LOS CLIENTES DE BOYE

A todo ello, se sumaría «la posible comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario o autoridad pública» porque –esgrimen– Tardón «ha accedido ilícitamente a datos reservados concernientes a la labor de defensa» de Boye.

En este sentido, llaman la atención sobre «las causas de gran relevancia social y política que defiende, como es la defensa de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig, tanto en Bélgica como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como ante el propio Tribunal Supremo, entre otros».

Boye representa al ex presidente catalán y los ex consejeros ante la investigación que dirige el magistrado Pablo Llarena por su participación en el ‘procès’, cuyos principales escollos son que están huidos –Puigdemont, Comín y Puig, en Bélgica; y Ponsatí, en Reino Unido– y que todos menos Puig son eurodiputados.