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El Gobierno garantizará en su reforma fiscal la tributación de grandes empresas

El Gobierno prevé acometer una «profunda» revisión de las figuras fiscales e impulsar una reforma fiscal para garantizar la tributación de las grandes empresas, limitando las exenciones por participación en otras sociedades y reduciendo el tipo de gravamen para las pymes, al tiempo que avanzará en fiscalidad verde. También se marca el objetivo de atajar la precariedad laboral priorizando la contratación indefinida.

Así se desprende de las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, presentada este martes en el Consejo de Ministros por la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en las que se marca en materia fiscal el objetivo de impulsar una reforma fiscal que contribuya a la recuperación económica y a la creación de empleo, logrando un sistema tributario «más equitativo, progresivo, justo y eficiente y con una mayor suficiencia recaudatoria».

El Gobierno aboga en el documento por adaptar el sistema fiscal «a la realidad del siglo XXI», desde criterios de «justicia, progresividad y capacidad redistributiva», profundizando en el diseño de una fiscalidad verde, incluyendo la perspectiva de género y potenciando políticas públicas de interés general. En particular, se reformará garantizando la tributación de las grandes empresas, limitando las exenciones por participación en otras sociedades y reduciendo el tipo de gravamen para las pymes.

El propósito del Ejecutivo es conseguir una mayor eficacia recaudatoria que se traduzca en el fortalecimiento de los servicios públicos y la reducción de las desigualdades, a través de un análisis «profundo» de las figuras impositivas y beneficios fiscales existentes, al tiempo que se fortalecerá la política efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal.

En esta línea, también se extenderán los programas y actuaciones de fomento de la conciencia fiscal de la ciudadanía, con particular foco en la población más joven y se continuará reforzando el alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos autonómicos con la Agenda 2030, fomentando la «complementariedad y coherencia» de los programas presupuestarios con el desarrollo sostenible.

Igualmente, se reforzará la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, y de fomento de la participación de las pymes en las licitaciones públicas, como garantía de distribución equitativa de los recursos públicos.

CARENCIAS DEL SISTEMA FISCAL

Las directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible remarcan que el debate sobre los medios de implementación de la Agenda 2030 sitúa a la fiscalidad en un «papel central».

«La fiscalidad, además, puede marcar el camino de la transición hacia un sistema social y económico más respetuoso con los límites medioambientales», valora el documento, que recuerda que el artículo 31.1 de la Constitución señala que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio.

En todo caso, apunta que el sistema fiscal español ha sido objeto de numerosos estudios que reflejan «carencias acumuladas a lo largo del tiempo», como el elevado peso de la imposición sobre las rentas del trabajo frente a las de capital, el cada vez mayor peso de los impuestos indirectos frente a los directos, que provoca una mayor regresividad del sistema impositivo.

Otra de las carencias citadas es la extensión de los beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones y exenciones) que «genera una importante pérdida de recaudación al sistema impositivo, junto con un empeoramiento de la progresividad, sin que esos beneficios se demuestren en muchos casos eficaces para los fines que persiguen», a lo que se suma la «problemática» de la evasión y la elusión fiscales.

Sobre la presión fiscal defiende que con relación al PIB en España se sitúa por debajo de la media, de forma que en 2019 alcanzaba el 35,4% frente al 41,6% de los países de la zona euro, lo que tiene un «importante coste en términos de disponibilidad de ingresos públicos». «La importancia de la disponibilidad de recursos para sostener los servicios públicos de calidad está siendo, si cabe, más evidente en el actual contexto de crisis sanitaria», añade.

En un contexto en el que el déficit cerró en el 11% del PIB y la deuda pública en el 117,1% del PIB, insta a revisar el sistema tributario para dotarlo de mayor progresividad y capacidad recaudatoria.

FIN A LA PRECARIEDAD LABORAL Y GARANTIZAR PODER ADQUISITIVO DE PENSIONES

En materia laboral, las directrices de esta Estrategia también se hacen eco de muchas de las medidas contempladas en el acuerdo de gobierno, como garantizar que la contratación indefinida, «con un adecuado nivel de protección», sea el instrumento principal de contratación y que la contratación temporal tenga un origen exclusivamente causal.

El Gobierno se marca como objetivo elevar la tasa de empleo hasta la media de la UE y aumentar el crecimiento del empleo estable y de calidad, abordando para ello la dualidad y la precariedad en el mercado laboral.

Se propone además avanzar en una normativa sobre jornada y horario de trabajo y usos del tiempo para garantizar la conciliación y la corresponsabilidad, garantizando el derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo de trabajo, así como a la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia.

También plantea garantizar una mayor participación de la representación legal los trabajadores en la toma de decisiones empresariales y que éstos puedan acudir a los sindicatos en los procesos que afecten a sus condiciones laborales.

Al mismo tiempo se vuelven a citar los aspectos ya anunciados de modificación de la reforma laboral para modernizar y equilibrar la negociación colectiva (ultraactividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo).

A su vez, se aboga por modernizar las políticas activas de empleo; mejorar la atención a los colectivos especialmente afectados por el desempleo y la precariedad (jóvenes, mujeres y parados de larga duración, entre otros); mejorar la capacitación de la población activa a través de estrategias de formación continua; impulsar la modernización de los servicios públicos de empleo mediante la digitalización y las nuevas tecnologías e introducir elementos de ajuste del empleo y la actividad económica «flexibles» y que aporten estabilidad al sistema a partir de los ERTE aplicados durante la pandemia.

De su lado, en materia de pensiones marca la meta de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público.