La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha defendido este jueves la validez legal del decreto suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aplazó las elecciones del 14 febrero al 30 de mayo, y ha afirmado que «el Govern no se plantea ni un nuevo decreto ni una nueva fecha electoral que no sea la fijada».
En rueda de prensa telemática desde el Palau de la Generalitat, ha dicho que por ahora no pueden tomar una decisión al respecto y que esperarán a que el TSJC resuelva el asunto de forma definitiva, lo que está previsto para el 8 de febrero como máximo.
Este jueves, la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC ha acordado mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero mientras se tramita el recurso contra el aplazamiento de los comicios.
«Las decisiones han de tomarse en base a argumentaciones jurídicas. En estos momentos no tenemos sobre la mesa ninguna resolución», ha dicho Capella después de que el TSJC ha avanzado este jueves el fallo, pero publicará el viernes los argumentos de la decisión.
Sobre la posibilidad de subsanar los defectos que el TSJC pueda señalar en el decreto suspendido y hacer una nueva convocatoria, ha dicho: «Continúo defendido que el decreto se ajusta a la legalidad, viene a cumplir una función muy clara de preservar la salud. Cuando el TSJC se pronuncie, el Govern tomará las decisiones que tenga que tomar».
Ha sostenido que el aplazamiento electoral, ahora suspendido de forma cautelar, «está avalado por tres informes» sobre la evolución epidemiológica, los efectos de la convocatoria en la calidad democrática y el marco jurídico en el que se ampara, y ha añadido que cuenta con el visto bueno de la comisión jurídica asesora, del Síndic de Greuges y de la mesa de partidos.
«Las elecciones son libres si se puede votar sin miedo. En cambio, en estos momentos acumulamos 26.000 personas positivas en una semana» por Covid-19; y ha defendido que a finales de mayo las cifras de contagios serán más favorables, se habrá avanzado en la vacunación y habrá acabado el estado de alarma.
Ha considerado no se trata de «una decisión de motivo jurídico sino de sentido común, y convertir el aplazamiento de las elecciones en una cuestión jurídica es hacer el juego a quienes las quieren impedir por la puerta de atrás».
En este sentido, se ha referido al PSC y ha reprochado que «el ministro Salvador Illa debe priorizar el recuento de enfermos al recuento de sus encuestas».
LA CAMPAÑA «PUEDE QUEDAR INTERRUMPIDA»
Ha advertido de que «la campaña puede quedar interrumpida, puede ser que los partidos tengan que hacer campaña para nada», ya que para la convocatoria del 14F debería comenzar la madrugada del 29 de enero, pero la decisión definitiva del TSJC podría no publicarse hasta el 8 de febrero.
En este escenario, la Generalitat calcula que ya habrá gastado unos 30 millones de euros en el proceso electoral, y desde el 25 de enero se comienza a emitir el voto por correo: «Si la campaña se cancela, tiraríamos a la basura en torno a 100.000 votos», ha aseverado Capella.
Al preguntársele si el Govern llamará a la participación en caso de que finalmente los comicios sean el 14F, ha dicho que «como no puede ser de otra manera, fomentará la participación de la ciudadanía como hace en cada convocatoria electoral y pondrá todos los medios para que se pueda votar en condiciones» de acuerdo a las medidas sanitarias.
