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El Gobierno fija la exención en el IRPF del ingreso mínimo vital en los términos de la renta mínima de CCAA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-Ley que incluye medidas financieras de apoyo social y económico frente a la crisis del Covid-19, como la exención en el IRPF del ingreso mínimo vital y ayudas de CCAA y entidades locales a colectivos vulnerables.

Asimismom ha ampliado en un año de los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y ha extendido el crédito para hacer frente al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado.

En concreto, el real decreto-ley aprobado establece una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, de forma que esta prestación concedida a los colectivos más vulnerables quedará exenta en el IRPF en los mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción.

También se aplica a las demás ayudas establecidas por las comunidades o las entidades locales para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos o se encuentren en riesgo de exclusión social.

De este modo, el Ingreso Mínimo Vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideran exentas del IRPF hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM).

Por otra parte, el real decreto-ley también incluye la ampliación en un año de los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) dotada con los beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y para las inversiones anticipadas realizadas en 2017.

La dotación debía hacerse con los beneficios de 2018, 2019 o 2020. Sin embargo, dado que en el ejercicio de 2020 los beneficios empresariales se han visto muy afectados por los efectos económicos de la pandemia, el Gobierno considera oportuno dar la posibilidad de realizar la dotación en 2021.

Por último, se amplía el crédito para hacer frente al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.