El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha abierto el plazo de audiencia e información pública sobre la regulación del nuevo impuesto previsto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos. El plazo para presentar alegaciones estará abierto hasta el próximo 11 de enero.
El nuevo impuesto que prevé el Gobierno se incorporará al anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y aumentará el gravamen en mayor medida del depósito en vertedero frente a la incineración, en línea con la jerarquía en materia de gestión de residuos. Se trata de un tributo cedido, por lo que existe la posibilidad de que sea gestionado por las comunidades autónomas.
La propuesta partió, según el Ministerio, de las numerosas observaciones recibidas en la fase de consulta pública durante el mes de junio del anteproyecto de ley de residuos que está en elaboración. En las alegaciones se pedía un impuesto para estas dos opciones de gestión de residuos que no son prioritarias desde el punto de vista de la jerarquía de residuos frente a alternativas de gestión más sostenibles, como la preparación para la reutilización o el reciclado.
El nuevo impuesto indirecto recaerá sobre los residuos destinados a vertedero o incineración y variará en función de la clase de residuo y el tipo de vertedero (vertedero de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes) o instalación de incineración de residuos (instalaciones de eliminación o de valorización energética).
ARMONIZACIÓN FISCAL
La recaudación se atribuye a las comunidades autónomas cuya recaudación podrán destinar a la financiación y mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos y a otras actuaciones ambientales.
Varias comunidades autónomas han regulado algún canon o impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos o, con menor frecuencia, sobre la incineración, aunque existen diferencias entre unas y otras y esta falta de homogeneidad, según el departamento que dirige Teresa Ribera, da lugar al conocido como ‘turismo de residuos’, lo que dificulta el cumplimiento de objetivos para reutilización y reciclado fijados para residuos municipales.
En concreto, el Ministerio defiende que los impuestos ambientales, como este, producen un doble dividendo, el estrictamente fiscal y el ambiental y su potencial reside en que hacen posible que en el precio de los bienes se incorpore los costes ambientales de su producción o utilización.
En particular, los impuestos sobre el tratamiento de residuos mediante las últimas opciones de la jerarquía (vertido e incineración) tienen por objetivo influir en los responsables de su gestión para que disminuyan el uso de estos tratamientos frente a otros con menor impacto ambiental.
Con este impuesto, se cumple una recomendación realizada por la Comisión Europea a España en 2018 en un análisis temprana de detección de incumplimiento de los objetivos comunitarios de residuos.
