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El Congreso alegará al recurso de Cayetana Álvarez de Toledo por censurar sus palabras contra Iglesias

La Mesa del Congreso ha acordado por unanimidad presentar alegaciones frente al recurso planteado en el Tribunal Constitucional por la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien exige revocar la decisión de eliminar del Diario de Sesiones la expresión «hijo de terrorista» que dedicó en una sesión plenaria al vicepresidente Pablo Iglesias.

La Sección Segunda de la Sala Segunda del TC acordó por unanimidad admitir a trámite ese recurso de amparo presentado por Álvarez de Toledo contra la decisión adoptada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y avalada por la Mesa.

En su escrito, los magistrados explican que se hacen cargo del asunto «dada la trascendencia constitucional» de la cuestión planteada que afecta tanto a la libertad de expresión como al derecho parlamentario, y habida cuenta de que «no hay doctrina» al respecto por parte del TC.

LA EXPORTAVOZ, SIN APOYO DEL PP

Álvarez de Toledo, que tras su destitución no contó con el apoyo del PP para presentar ese recurso, quiso dar las gracias a quienes la habían ayudado en su batalla jurídica: «Una vez más, gracias a todos los ciudadanos que hicieron posible la presentación del recurso», subrayó la diputada del PP en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Al admitir a trámite el recurso, el tribunal de garantías dio un plazo de diez días al Congreso para personarse y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Y según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, este viernes la Mesa de la Cámara Baja ha decidido por unanimidad, también los miembros de PP y Vox, comparecer en el caso y dar su versión.

Aquel rifirrafe parlamentario tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo en una interpelación en el Pleno del Congreso. Álvarez de Toledo, visiblemente molesta por que Iglesias se refiera a ella como «señora marquesa» por el título nobiliario que ostenta, finalizó el debate espetando al vicepresidente del Gobierno: «Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político». En su réplica, el líder de Podemos anunció que recomendaría a su padre que emprendiera acciones legales contra la que era portavoz del PP por acusarle públicamente de terrorista.

La presidenta del Congreso ofreció entonces a Álvarez de Toledo retirar esas palabras pero la diputada ‘popular se reafirmó asegurando que el propio Iglesias reconoció en un artículo que su padre fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un grupo terrorista de signo comunista que operó en la Transición.

«UNA CACICADA»

En cualquier caso, Batet ordenó retirar del Diario de Sesiones la expresión «su padre es un terrorista», una decisión que contó con la protesta inmediata de Álvarez de Toledo. Se trata de una potestad que tiene reglamentariamente quien preside la Cámara y que usó en varias ocasiones su antecesora, la diputada del PP Ana Pastor.

En realidad, cuando esto sucede las expresiones no se borran del Diario de Sesiones, sino que se publican entre corchetes y con una llamada a pie de página donde se explica que han sido «retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara». Este precepto establece que cuando se profieran palabras ofensivas al decoro de la Cámara o de uno de sus miembros la Presidencia requerirá su retirada y «ordenará que no constenen el Diario de Sesiones».

Álvarez de Toledo, que mantiene sus palabras porque las considera «un hecho fáctico», sostiene que esa decisión de Batet fue «una cacicada» y una «censura intolerable», por lo que anunció su intención de recurrir en todos las instancias a su alcance.

La asociación Libres e Iguales –plataforma que en día impulsó la propia Álvarez de Toledo– anunció que sufragaría, en parte mediante una colecta pública, el recurso ante el Tribunal Constitucional, con un coste de 15.730 euros.

Por su parte, Francisco Javier Iglesias Peláez, el padre de Pablo Iglesias, presentó una demanda contra Álvarez de Toledo por vulneración del derecho al honor, por lo que reclamaba una indemnización de 18.000 euros por daños morales.