El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, he censurado este viernes la «utilización torticera de medios públicos» en la Operación Kitchen, un caso que instruye la Audiencia Nacional y por el que se ha tomado declaración estos días al exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y el que fuera su ‘número dos’, Francisco Martínez.
«Razonablemente hacen referencia a hechos que pueden ser constitutivos de delito», ha comentado Grande-Marlaska sobre los documentos desclasificados por orden judicial. El ministro ha asegurado que ni Fernández Díaz ni Francisco Martínez se han puesto en contacto con él para interesarse por su situación procesal. «No creo que entrara en sus intenciones, no me conocerían lo suficiente», ha dicho.
En una entrevista en La Sexta, Grande-Marlaska ha evitado valorar cuestiones concretas de la instrucción del juez Manuel García-Castellón y ha defendido que el «99 por ciento» de los policías y guardias civiles trabajan con «neutralidad» y «profesionalidad manifiesta».
«Remover esas conductas irregulares, penalmente relevantes, es fácil porque el alto porcentaje de funcionarios son de manifiesta neutralidad e imparcialidad, y con una solvencia importante», ha señalado el ministro del Interior al ser preguntado sobre si las llamadas cloacas del Estado siguen operando en la actualidad.
Grande-Marlaska ha valorado como «muy preocupante» que se usaran fondos reservados para una operación cuando «no cabía investigación parapolicial» sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas porque ya estaba judicializado en el ‘caso Gürtel’.
En este punto se ha remitido tanto a la comisión de investigación en el Congreso sobre el uso partidista de la Policía por parte del Gobierno del PP, como a la desclasificación de documentos del Ministerio del Interior a petición de los juzgados centrales número 6 y 5 de la Audiencia Nacional.
Grande-Marlaska ha rechazado una vez, por otra parte, comentar la última operación de la Guardia Civil contra el entorno independentista por el supuesto desvío de fondos públicos, remitiéndose a las diligencias que instruye el Juzgado 1 de Barcelona. Sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que «lo más deseable es que fuera capaz de asumir las responsabilidades y que se resolvieran en los términos que proceda en España».